A cuento de la situación judicial del empresario rosarino Carlos Gianni, gestor del arribo de la cadena hotelera Sheraton a la ciudad, pero enredado a la vez en el juicio oral al que será sometido el ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López, por supuesto enriquecimiento ilícito, el Concejo quiere que el municipio indague sobre el origen del dinero de las inversiones inmobiliarias de la ciudad.

“Nos tiene que preocupar como ciudad de dónde se saca la plata, con qué fondos se van a hacer las inversiones", y en ese sentido comentó la elaboración de un proyecto de modificación de la ordenanza “para que cuando lleguen proyectos edilicios o urbanísticos tengan la declaración jurada acerca del origen de los fondos”, indicó la concejala Fernanda Gigliani, del bloque Iniciativa Popular.

“Como concejal quiero tener esa información y no votar sólo las normas urbanísticas y que después nos encontremos con una sorpresa cuando se otorga el permiso de edificación”, cuestionó en diálogo con Ariel Bulsicco, por Sí 989.

Gigliani fue la primera voz opositora al proyecto encarado por Gianni -empresario originado en el rubro turístico- para montar en Puerto Norte un complejo de torres que requirió en junio pasado de una excepción al Código Urbano y que alojaría un hotel de la cadena top internacional. 

Una vez conocido el hecho de que Gianni también será enjuiciado junto con López, desde la Municipalidad anunciaron que la habilitación del proyecto en Puerto Norte quedaba suspendida.  “Lo más sensato que puede hacer el Ejecutivo municipal es suspender el emprendimiento”, dijo Gigliani y exigió que la Intendencia solicite “la declaración jurada sobre el origen de los fondos” de cada inversión.

“Gianni aparentemente es el que pone parte de los terrenos. Por lo que él mismo planteaba públicamente que era un lobbista, era el que buscaba los inversores para el Sheraton”, señaló. “El emprendimiento es producto de un convenio urbanístico. Lo que se votó en el Concejo fue la primera etapa: modificar una norma vigente mejorando la ecuación económica del empresario, para luego diseñar el convenio. Fue grave porque fue a pedido de un particular, pero la modificación vino por mensaje de la intendenta”, desconfió la concejala.