La posibilidad de un juicio oral y la esperanza de las condenas han movilizado a los familiares de los 22 muertos por la explosión de Salta 2141 en este nuevo aniversario de la tragedia. A todas luces y con acuerdo unánime, una tragedia que pudo evitarse, que nunca debió suceder y de la cual hay responsables directos e indirectos.

Los familiares quieren a varios presos. Sin eufemismos, tras las rejas. Es lo que querría toda la sociedad, pero la justicia tiene extrañas formas de reparar tanto en lo civil como en lo penal. Pero nadie quiere decirles a estos familiares lo que no quieren escuchar y así han ido acumulando en estos años un poco de resentimiento, otro poco de sensación de soledad y, lógicamente, la idea de haber sido abandonados por el Estado.

Las cosas con la provincia no terminaron bien. En los últimos meses hubo algunas escaramuzas con gritos y reproches en un breve encuentro con el gobernador Antonio Bonfatti y tampoco se mostraron satisfechos, los familiares, con la asistencia que brindó Mónica Fein a través del municipio en los últimos meses.

No hay manera de aceptar que se perdió a un ser querido por la negligencia de varios. Pero la figura no se acerca al homicidio y ese es el límite que tienen los jueces para manejarse en esa configuración llamada “estrago culposo” que parece diluir las responsabilidades más directas.

Como todos los familiares de víctima trágicas seguirán la lucha. Y así debe ser, porque la tarea de mantener la memoria de los que murieron debe ser un mandato interior muy fuerte como para refrenarlo. Eso es lo que hay que entender siempre en los pedidos públicos que se escuchan de este sector, en las manifestaciones frente a la sede de la empresa Litoral Gas, la máxima responsable de esta tragedia que nunca debió suceder.