Luego de cumplir ocho meses de prisión preventiva, los acusados de asesinar a Gerardo Escobar piden su libertad. Y la familia de “Pichón”, junto a la Multisectorial que la acompaña desde el primer momento, piensa plantarse firme para que eso no suceda y finalmente haya justicia. Este lunes, se manifestarán en rechazo a la excarcelación y pedirán a la Cámara de Apelaciones una audiencia para resolver la competencia en la causa tras la decisión del juez federal, Marcelo Bailaque, de declararse incompetente.

Quienes luchan en la calle por una resolución justa en la investigación por la desaparición y muerte del joven empleado municipal afirman que viven “una situación de incertidumbre” y temen que ante tantas trabas en el camino no se pueda esclarecer lo sucedido. La extensa discusión respecto del fuero en el que debe tratarse la causa generó demoras y todo parece estancado.

“De estas circunstancias se tomaron los defensores de los imputados para intentar una excarcelación que no tiene asidero jurídico, ya que fue presentada ante el mismo juez que rechazó su competencia y, por lo tanto, sería inadmisible que resolviera sobre la situación cautelar de los imputados” reclamaron desde la Multisectorial antes de la conferencia de prensa que se realizará este lunes a las 11 frente a Tribunales Federales (Oroño y Rioja).

Los familiares y amigos de Pichón insistirán y exigirán a la Cámara Federal de Apelaciones “que convoque a la brevedad a la audiencia para discutir la competencia y destrabar este conflicto que principalmente implica la demora en el esclarecimiento de lo sucedido con Pichón y en la búsqueda de verdad y justicia”.

Quieren salir

El jueves pasado, los abogados de cuatro de los imputados por la desaparición y muerte de Gerardo Pichón Escobar pidieron su excarcelación porque, alegaron, están “en un barco sin mando y a la deriva”. 

Marcelo Piercecchi, letrado que representa a uno de los imputados, explicó que se basaron en un artículo del Código Penal que indica que una persona que no cuenta con antecedentes tiene derecho a esperar la sentencia en libertad luego de ocho meses de preventiva, “e independientemente de lo que pase después con la causa, corresponde que sean liberados porque es un derecho constitucional, ya que pasaron ocho meses de prisión”.