Alan Rodríguez comenzó la salita de 3 en el Instituto privado Jesús María, de San Vicente de Paul, (Buenos Aires) y cuando llegó el momento de empezar el secundario, decidió permanecer en el mismo centro.

Junto a sus compañeros de clase, aprobó las materias de los distintos cursos y en 2013 se graduó satisfactoriamente, superando así la secundaria. Sin embargo, a Alan no le trataron como al resto de chicos.

Alan tiene síndrome de Down. Eso hizo que la Dirección General de Educación de Gestión Privada decidiera no entregarle el título oficial de secundaria, como sí hizo con los otros estudiantes de su curso, y que es requisito sine qua non para poder seguir estudiando o para acceder a algún puesto de trabajo.

A mediados de diciembre del pasado año Alan, que hoy tiene 21 años, apoyado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y el Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva presentó un amparo para reclamar que se le garantice su derecho a una educación inclusiva.

Según declaró la madre del chico, Florencia Innamorato, a la agencia Télam, el colegio es favorable a dar el título al joven, pero no puede pasar por encima del Ministerio, quien alega para denegar el documento que Alan “completó sus estudios con el acompañamiento de una maestra integradora y con una currícula adaptada, pero no cumplió los contenidos mínimos exigidos porque las materias con contenidos adaptados no cuentan como aprobada”.

Además de la presentación judicial, la familia creó una petición en Change.org dirigida a Soledad Acuña, ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires, donde juntan firmas en apoyo a la petición de Alan.

Otros casos

El caso de Alan tiene como antecedente inmediato el de Melina Quereilhac, la joven con síndrome de Down que el año pasado, y después de nueve de haber terminado y aprobado el secundario, obtuvo su título porque así lo ordenó un fallo del titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño N° 2, a cargo de Roberto Gallardo.

Otra chica con síndrome de Down fue noticia por motivos muy diferentes el pasado 12 de diciembre en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz: Agustina Seniow, de 20 años, recibió su título junto con 13 compañeros del Instituto Estatal Tierras del Sur.

En relación al caso de Alan, el Inadi emitió un dictamen el pasado 18 de noviembre donde concluyó que “la conducta denunciada se encuadraría como discriminatoria”.

Qué dice la ley

El derecho a la educación, más específicamente, el derecho de aprender, se encuentra garantizado por la Constitución Nacional de 1853 (art. 14) y ampliado y reforzado por los derechos referidos a la educación (arts. 41 y 42) y por las Convenciones y Tratados Internacionales (art.75)

Sin embargo, cuando se trata de inclusión, el debate está todavía sobre la mesa. Según datos del Ministerio de Educación de 2014, en la Ciudad de Buenos Aires había 501 niños y niñas incluidos en secundarios comunes privados. Estos chicos se verían en el mismo problema de Alan al terminar al terminar la secundaria en estos centros.

Aunque existen las escuelas especiales privadas, la mayoría de estos chicos pasan previamente por escuelas comunes, ya que la legislación dispone que los establecimientos educativos deben adaptarse a la homogeneidad del alumnado.

Según recoge la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij), de acuerdo con la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, las personas con discapacidad tienen derecho a asistir a escuelas comunes, y la omisión estatal de hacer los ajustes y modificaciones que resulten necesarios para asegurar su asistencia, participación y aprendizaje en condiciones de igualdad constituye un acto de discriminación.