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A 25 años del atentado a Embajada de Israel, no hay responsables

La Embajada de Israel en Buenos Aires fue víctima de un ataque terrorista que, hace un cuarto de siglo, dejó 22 muertos y más de 200 heridos. Recuerdan a las víctimas en un acto este sábado

La embajada del Estado de Israel en Buenos Aires fue víctima de un atentado terrorista el 17 de marzo de 1992. No solo voló la sede diplomática, también fue afectado un colegio, un hogar de ancianos y una iglesia. El atentado se llevó las vidas de 22 personas y dejó 242 heridos. No hay ningún condenado por lo ocurrido.

A las 14.47 de aquel martes 17 de marzo, el centro de la ciudad de Buenos Aires fue sacudido por una explosión en Arroyo 916, domicilio de la sede diplomática israelí en Argentina. Fue la primera vez en la historia que ocurría un atentado terrorista internacional en suelo argentina.

En medio de la conmoción causada por el ataque, el entonces presidente Carlos Menem lanzó una rápida conjetura sobre los autores del hecho: "Los responsables son sectores del nazismo, pero ya fueron derrotados en el país", en alusión a los militares carapintadas, cuyo último levantamiento había sido sofocado en diciembre de 1990.

La principal hipótesis de la investigación judicial se inclinó, sin embargo, a culpar a la organización terrorista Hezbollah con base en Líbano, y con el apoyo de la República Islámica de Irán, supuesto organizador intelectual del ataque.

Como el atentado afectó a una delegación extranjera, la investigación quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia, que el 24 de marzo de ese año abrió el expediente 143/1992 que continúa en poder del máximo Tribunal.  En tanto, las pesquisas de la instrucción quedaron en manos de la Comisaría 15 de la Policía Federal.

Un dato llamativo fue que la Corte rechazó el pedido de los querellantes de convocar a declarar a los custodios de la Federal que se retiraron de la puerta de la Embajada poco antes de la explosión. Recién cuatro años después del atentado, esos efectivos policiales fueron citados a declarar, junto al titular de la comisaría 15.

Al momento del hecho se realizaban obras de remodelación en la sede diplomática, y los familiares de las víctimas pidieron que los propietarios de la empresa constructora encargada de esos trabajos prestaran declaración en la causa.

El ministro de la Corte Ricardo Levene, quien estaba a cargo del expediente, formuló en 1996 la teoría de que el edificio había sido demolido por un artefacto explosivo colocado en su interior.

Otros peritos señalaron en cambio la presencia de una camioneta Ford F-100, que merodeó la zona al momento del siniestro, y que, cargada de explosivos, fue conducida por un terrorista suicida que la explotó frente a la delegación diplomática. Esa terminó siendo la versión oficial tras la creación, en 1997, de una secretaría especial que asumió la investigación bajo la dirección de Esteban Jorge Canevari, funcionario del tribunal que encabeza el Poder Judicial argentino.

Los ciudadanos paquistaníes fueron detenidos tres días después del ataque y, aunque quedaron liberados una semana después, continuaron vinculados a la causa durante siete años, hasta que finalmente los sobreseyeron.

En cuanto a la cantidad de víctimas, inicialmente se consignó que hubo 29 fallecidos, luego 26, y finalmente, en 1999, la Corte ratificó que hubo en realidad 22 víctimas fatales. Ese año, la investigación pareció cobrar un nuevo impulso, al solicitar Canevari la captura internacional de Imad Mughniyieh, entonces jefe militar de Hezbollah.

En 2006, y por impulso de los familiares de las víctimas, la Corte Suprema compuesta por los jueces Enrique Petracchi, Elena Highton de Nolsaco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Ricardo Lorenzetti y Carmen Argibay declaró la causa como "imprescriptible".

Con esa acordada, el tribunal ratificó el trabajo de Canevari, a pesar de los escasos avances verificados en la investigación, y confirmó las órdenes de captura pedidas por el secretario.

Fuentes judiciales le confiaron a esta agencia que la Corte solicitó, hace dos años, a los servicios secretos de Estados Unidos y Europa que acercaran información sobre el atentado, pero con distintos argumentos todos ellos se negaron a colaborar con la causa.

Tras 25 años, el expediente por la voladura de la Embajada, acumula 250 cuerpos, mientras los familiares de las víctimas aún aguardan por justicia.

El 18 de julio de 1994, otro atentado voló la mutual judía de la AMIA en el barrio de Once y provocó 85 muertos en un hecho que tampoco pudo esclarecerse y que nadie pudo desvincular fehacientemente de la matanza perpetrada en la calle Arroyo.

(Télam)

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