El caso de la carne adulterada en Brasil generó un escándalo político y pegó duro en uno de sus sectores más fuertes con el cierre de mercados. Ni bien trascendió la noticia, China, la Unión Europea, Corea del Sur y Chile suspendieron por precaución las importaciones de productos.

El viernes pasado se reveló que una investigación de la Policía Federal (PF), la llamada operación Carne Débil, determinó que varias de las mayores empresas frigoríficas de Brasil adulteraron, con productos químicos, carnes que estaban en mal estado para exportarlas de todos modos.

Las irregularidades detectadas abarcaban desde el cambio de la fecha de vencimiento hasta la inyección de agua para alterar el peso y la utilización de ácido ascórbico para disimular el deterioro de las carnes. Los pollos eran adulterados con inyecciones para evitar malos olores una vez que los mismos habían vencido.

Por otro lado, escuchas telefónicas obtenidas por la Policía Federal en la mayor operación de la historia, de dos años de investigación, indican que los chorizos fueron rellenados con carne de cabeza de cerdo, algo prohibido.

El gobierno de Brasil suspendió provisoriamente las licencias de exportación a las 21 plantas industriales investigadas por supuestamente adulterar carne pero les permitió seguir vendiendo sus productos en el mercado interno, informó el ministro de Agricultura, Blairo Maggi.

El funcionario consideró "natural" que los importadores pidan información a Brasil sobre lo ocurrido pero advirtió que si todos los países interrumpieran la importación de carne brasileña, esto sería un "desastre" para el país.

Escándalo

El partido del presidente Michel Temer quedó en medio de un escándalo ya que fue acusado de recibir sobornos por parte de una red criminal que involucraba a los principales frigoríficos de Brasil, entre ellos los multinacionales JBS y BRF, acusados de adulterar carnes no aptas para consumo para poder venderlas en el mercado.

Al menos 25 ejecutivos de cinco frigoríficos fueron detenidos, al igual que fiscales acusados de corrupción del Ministerio de Agricultura, en un operativo de la Policía Federal. El grupo criminal era liderado por empresarios del agronegocio y fiscales sanitarios en diferentes estados.

"Los agentes públicos, valiéndose del poder de fiscalización de sus cargos, mediante el pago de sobornos, facilitaban la producción de alimentos adulterados y emitían certificados sanitarios sin fiscalización efectiva de los alimentos", asegura el comunicado de la Policía Federal, que acusa a los funcionarios de proteger a empresarios corruptos a costas del interés público.