La salud pública que viene: Provincia niega cambios, los gremios desconfían

Santa Fe aún no adhirió a la Cobertura Universal de Salud (CUS), el nuevo modelo que Nación pretende aplicar en todo el país. El Estado financiará la demanda, ya no la oferta. El Gobierno provincial aclara que el sistema local no sufrirá modificaciones. Los gremios advierten una transferencia de recursos de lo público hacia lo privado

La discusión esconde ni más ni menos que el devenir de la salud pública, uno de los principales derechos a garantizar por cualquier Estado. Sin embargo, por el momento, el debate sobre lo que se pone en juego con el nuevo modelo que impulsa Nación no tiene lugar en la agenda política de Santa Fe.

Los contrapuntos y las opiniones se dan sólo en los ámbitos profesionales y académicos, con la advertencia de muchos médicos acerca de que el país va hacia “un nuevo avance del mercado sobre la salud pública, universal y gratuita”. “Estamos frente a una gran estafa”, sostienen los gremios y la mayoría de los trabajadores.

¿Dónde está el origen de la discusión? En julio de 2016, el Gobierno nacional avanzó mediante el decreto 908/2016 con la reforma del sistema de salud, con cambios estructurales promovidos desde organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Fundación Rockefeller, entre otros.

Con el nuevo paradigma, llamado Cobertura Universal de Salud (CUS), se busca que el Estado financie la demanda de salud -prepagas para la población en general- en lugar de la oferta  (centros de atención primaria, hospitales, clínicas, dispensarios, etc.).

Según el Gobierno nacional, el modelo procura "el pleno goce del derecho a la salud de todos los habitantes” y viene a resolver viejas falencias como la “fragmentación, un gasto siempre ineficiente y un acceso desigual a la atención médica”.

“Hace dos años que venimos estudiando esta estrategia. Lo que se intenta es que todos los habitantes tengan una cobertura de salud clara y que la misma esté registrada en un banco de datos. Los que no tienen ninguna, que en la actualidad son unos 15 millones de personas, ahora van a tener una cobertura integral del Estado”, relató el ministro de Salud de la Nación Jorge Lemus cuando el presidente Mauricio Macri firmó el decreto.

Y detalló: “Antes, quien no tenía cobertura iba al hospital y se atendía, pero no había ninguna cobertura formal que tuviera responsabilidad. Mediante la CUS la va a tener, le van a dar todas las prestaciones y medicamentos que necesita, y si hay alguna prestación que el sistema público no puede dar, la va a convenir con el sistema privado”. Y ahí está el problema, según la observación de los gremios: a medida que la demanda de salud del ciudadano suba en la escala de complejidad, la cura dependerá más de su poder adquisitivo que de la voluntad de igualdad del sistema.

Ahora bien, al poseer Argentina un sistema federalizado, donde los gobiernos provinciales despliegan su propia política en el área, como sucede en Educación, son los estados subnacionales los que definen si adherir o no a la CUS.

Esta el momento, 14 provincias ya aceptaron la implementación del nuevo plan. Córdoba, Salta, Entre Ríos, Jujuy, San Juan, Río Negro, Tucumán, Chaco, Catamarca, Corrientes, Santiago del Estero, Neuquén y Tierra Del Fuego pusieron el gancho.

La postura de Santa Fe

Rosarioplus.com entrevistó al ministro de Salud Miguel González para conocer los pasos a seguir de la provincia con la CUS. Aclaró desde el vamos que la “firma o no firma del convenio” no va a tener “ningún impacto” en el actual modelo de salud pública que presta Santa Fe.  

“No tenemos ningún plazo. El hecho de firmar o no firmar tiene más que ver con un posicionamiento político. Nosotros no vamos a modificar nuestro sistema de salud”, explicó.

El ministro señaló que la provincia no acuerda con la propuesta de Nación, porque la “disponibilidad de los recursos en Santa Fe se ponen en la oferta”. “Nosotros proponemos un modelo de financiamiento sobre la oferta del servicio, que es lo que venimos desarrollando hace diez años. Si hoy un ciudadano tiene algún problema de salud, puede ir a un hospital que el Estado lo va a pagar”, detalló.

El ministro de Salud provincial, Miguel González

Según González, el Gobierno nacional se comprometió a implementar “modelos ajustados a cada provincia”, por lo que no hay “cambios a la vista”. “En las últimas reuniones del Concejo Federal se ratificó este compromiso. Nosotros pretendemos que Nación adecué los modelos de transferencia a nuestras decisiones”, aclaró.

Los recursos que hoy vienen de Nación en concepto de “complementariedad” no superan el 4% del total del presupuesto local, especificó el ministro, quien negó una oferta sobre la mesa de Nación de transferir más recursos en caso de adherir formalmente a la CUS.

“No hay en esta cobertura universal que propone el gobierno nacional nuevos financiamientos. Nadie nos ha explicitado que firmar el convenio supone mayor transferencia de recursos”, aseguró.

Y concluyó: “La provincia no va privatizar los fondos que llegan de Nación, no hay ningún riesgo. Que eso quede bien claro”.

La fuerte crítica de Bonfatti

La visión más crítica de la CUS salió de la boca del ex gobernador Antonio Bonfatti. "No compartimos nada de lo que está planteado en ese decreto. Va en sentido totalmente opuesto a lo que estamos construyendo en Santa Fe y en Rosario desde hace tantos años", dijo el año pasado cuando Nación lanzó la propuesta.

En su opinión, se promueven un sistema que pondera una cobertura universal, pero en lugar de financiar la oferta, se financia la demanda”. “En lugar de poner al Estado y a los efectores públicos para dar respuestas a los ciudadanos que no tienen obra social, están financiando al sector privado y de la seguridad social, para atender esos pacientes. Con esto, el gran negocio no es para la oferta, ni para la accesibilidad de la ciudadanía a la salud, sino todo lo contrario", subrayó el hoy presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe.

Bonfatti dijo no compartir "en nada" lo planteado por el decreto

Y con mucha desconfianza, agregó: "Dicen que lo van a consensuar provincia por provincia, con lo cual van a terminar acordando en cada provincia, a costa de la reducción de los presupuestos en salud. Y en lugar de tener un modelo universal de país, donde todos tengan accesibilidad y gratuidad, va suceder como en Colombia y otros países. No creo que signifique la desaparición, pero sin dudas será la mengua de todo lo que significa la salud para la población".

El temor de los gremios

Ante el avance de la CUS, gremios y trabajadores conformaron en marzo el Movimiento por el Derecho a la Salud (MDS), un colectivo que busca instalar este debate en la agenda pública de la provincia. En Rosario, la última jornada de discusión fue hace diez días en el Hospital Provincial.

Para el MDS, la CUS instaura “una nueva y peligrosa avanzada de los sectores del poder económico sobre un bien común, fundamental para todos los argentinos, como es la salud pública, universal y gratuita”.

Sostienen que hablar de "cobertura" desplaza el "derecho" a la salud, y que la "cobertura" introduce la lógica de "seguro" como si hubiera personas que no tienen "asegurado" el derecho a la salud.

Las experiencias de países que aplicaron esta estrategia terminaron con la “restricción de los derechos de salud”, explican desde el MSD. "Ya está probado que no funciona. Se trata de una gran estafa”, advierten.

Respecto a los alcances de la CUS en Santa Fe, la presidenta del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus), María Fernanda Boriotti, es escéptica sobre un “efecto inocuo” en la provincia de prosperar la iniciativa.

La reapertura de la paritaria es el principal reclamo.
Siprus pide que Santa Fe no adhiera

“Es un modelo opuesto al de Santa Fe, por eso no se entiende esta postura ambigua del poder Ejecutivo. Muchas provincias adhirieron ante la promesa de más recursos. Le pedimos al Gobierno que no firme”, sostuvo en diálogo con Rosarioplus.com.

A juicio de Boriotti, estas contradicciones  hacen que el tema resulte “incómodo” para la Casa Gris. “Da la sensación que están esperando la llegada de recursos. Por eso no hay una postura clara. Hay una promesa que esto va a suceder en algún momento”, afirmó.

La presidenta de Siprus cree que “va a ser difícil que el gobierno logre unificar este criterio en todo el país por las competencias federales, pero su implementación parcial ya es un gran retroceso”, porque, sin dudas, se va a dar una “transferencia de lo público a lo privado”.

“La gente cree que es algo bueno por un nombre que suena bien. La verdad que hoy hay un gran desconocimiento de lo que se intenta hacer hasta entre los propios trabajadores de la salud. Pero ya vivimos eso de ir con un carnet a que nos atiendan. Y terminó en desastre”, reflexionó.

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