La investigación sobre el accionar del ahora ex fiscal del a Unidad de Investigación y Juicio, Fernando Rodrigo, llevó primero a la suspensión del funcionario y poco después a la renuncia del mismo. Rodrigo había sido denunciado hace pocas semanas por intervenir irregularmente teléfonos celulares que pertencían a su ex pareja, dos amigas y un familiar de la misma, hecho que fue catalogado como “muy grave” por sus pares del Ministerio Público de la Acusación. Ahora, con el fiscal fuera de funciones y antes de que el tema se escape de la agenda mediática, reclaman que se lo indague y sancione con todo el rigor.

Majo Gerez, candidata a concejal de Rosario y referente del movimiento feminista en la ciudad, advirtió que la dimisión “no puede liberarlo (a Rodrigo) de ser investigado”. Solicitó que tanto el ex fiscal como quienes pudiera haberlo asistido, reciban el castigo correspondiente.

Entre 2014 y 2015, Rodrigo estuvo a cargo de la Oficina de Violencia de Género. Para Gerez, eso no es un dato menor. Y planteó: “Imaginemos que es este mismo hombre el que trató con una gran cantidad de mujeres que durante un año tuvieron que hacer sus denuncias ante este fiscal (…)  ¿Cómo se les explica a esas mujeres que, en situación de vulnerabilidad por la violencia machista que padecen, tuvieron que estar expuestas a una “justicia” que reproduce las mismas prácticas que denuncian ellas? ¿Qué respuestas se le dará por parte de la institución que debía repararlas y acompañarlas?”

A partir del caso Rodrigo, una de las caras visibles del Movimiento de Mujeres en Rosario reclamó que se implemente en la ciudad un protocolo de atención integral a mujeres en situación de violencia machista “que permita articular respuestas integrales desde diferentes políticas de Estado, en articulación con las mujeres comunes que se organizan a diario en sus territorios y buscando evitar que una mujer tenga que recurrir por sus medios a distintas dependencias estatales o deba relatar varias veces su situación”.

Gerez recordó que desde su espacio dejaron en evidencia una y otra vez a lo largo de los años “que el problema de la violencia machista se agrava por la falta de acceso efectivo a la justicia”. “Cuando hay jueces y fiscales sin perspectiva de género, lejos de reparar las violencias padecidas y denunciadas, el poder judicial nos revictimiza”, sentenció.