Los trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) volvieron a denunciar que el gobierno nacional derogó un artículo que le confiaba a ese organismo estatal la fiscalización de los subproductos de granos como aceite, harina de soja y lecitina. La gravedad de esto que advierten estriba en que las tareas de control y verificación sobre los barcos que entran y salen evitan problemas sanitarios –propagación de enfermedades– y mantienen la buena relación comercial con los países en cuestión. Pero de esta manera, el Estado perderá los ingresos por las tasas de exportación (unos 800 millones de pesos al año) y los controles sólo se harán cuando las empresas extranjeras lo pidan. Según el gremio que representa a 150 empleados del Senasa en Santa Fe, la medida impactará en la región del sur provincial porque casi el 80 por ciento de lo que se exporta son subproductos.

Según contaron desde el Senasa, las tareas de control que hacían a diario a los barcos que entran y salen del cordón industrial santafesino cambiaron desde el 1º de febrero. Un día antes se enteraron de que Nación había derogado el artículo Nº 260 de ese organismo autárquico, que le había reintegrado la función fiscalizadora en 2014, luego de que le fuera suspendida por el ex ministro de Economía Domingo Cavallo. De esta manera, señalaron, el cambio tiene un doble efecto: por un lado, la población se arriesga a sufrir brotes de enfermedades que pueden venir en los barcos que llegan para cargar los subproductos, mayormente concentrados entre Timbúes y Villa Gobernador Gálvez. Por otra parte, el Estado pierde millones al año por las tasas de exportación que las empresas deben pagar.

“No hubo una consulta interna en Senasa ni externa. Se resolvió entre las grandes empresas y el gobierno nacional. Son las principales beneficiarias porque no tienen que pagar las tasas y someterse a los controles”, apuntó un trabajador del organismo sanitario.

La tarea de controles sobre barcos garantiza la calidad y sanidad de los productos para que estén libres de plagas de los vehículos que llegan a cargar como los que se van. Es algo habitual en las fronteras. Si es necesario se deben fumigar, entre otras tareas de control previo a zarpar. Desde la modificación del artículo, las empresas lo piden y son realizadas por profesionales que emiten certificaciones internacionales, pero no es obligatorio. “Va a ser complicado porque también va a afectar a los 4 mil trabajadores de Senasa en todo el país. El Estado se arriesga a perder la confianza de los mercados internacionales como en la década del 90 cuando, con un gobierno de similar ideología, se liberó el control de vacuno y tuvimos un brote de aftosa que obligó a matar muchos animales”, opinaron desde el gremio de trabajadores de Senasa.