Rosario sigue sangrando. Sangra en silencio, en los barrios, lejos de las luces del centro. En la periferia hay una doble violencia, la horizontal, que parte de determinados grupos o individuos de la sociedad civil; y la que nace en una esfera más alta, ejecutada por las fuerzas represivas del Estado. La primera alcanza y golpea a toda la ciudad. Las estadísticas muestran, en cambio, que a la segunda solo la sufren los adolescentes y jóvenes de las barriadas populares.

Esa violencia de arriba, conocida como violencia institucional, se materializa en prácticas ilegales de las fuerzas de seguridad que van desde detenciones por averiguación de identidad, golpes, hostigamientos y torturas, hasta ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas de personas seguidas de muerte.

En Rosario, estás prácticas están arraigadas y al mismo tiempo negadas, según explican desde la Multisectorial por la Violencia Institucional, un colectivo que se creó ante la imperiosa necesidad de visibilizar la problemática. Los abusos, denuncian desde las organizaciones sociales, son cotidianos, pero no son ni registrados ni considerados por los poderes del Estado. 

"Nosotros tuvimos dos Santiago Maldonado, no nos olvidemos de eso", dice una mujer que camina a paso firme por el medio de la marcha rodeada de carteles que piden la aparición con vida del artesano. "Casco y Escobar", aclara de inmediato. No se equivoca. Ambas muertes están siendo investigadas bajo la caratula de desaparición forzada de personas. 

Franco Casco (21 años) fue arrestado y torturado en la Comisaría 7° en octubre de 2014. Estuvo desparecido y su cuerpo apareció en el río Paraná veinte días más tarde. Gerardo Escobar (23 años) fue golpeado por policías y patovicas en agosto de 2015. El final fue el mismo: un paradero desconocido durante varios días y un cadáver en el agua. 

Los gestos más adustos y rígidos están en la cabecera de la marcha. Los brazos sostienen decenas de carteles que tienen una foto, un nombre propio y reseñas de vidas truncas. Alejandro Ponce, Carlos Godoy, Jonathan Herrera, María de los Angeles Paris, Alexis Berti, Maximiliano Zamudio, Jonathan Ojeda y Michel Campero componen la larga lista de víctimas de la violencia institucional. 

Todas esas muertes ocurrieron en los últimos cuatro años, periodo que Rosario registró un récord de homicidios dolosos y, en cadena, la multiplicación de casos de gatillo fácil. La mayoría de los expediente están estancados y con los efectivos involucrados en libertad. "Por eso es necesario instalar la problemática en la agenda pública, de esta manera vamos a tener más herramientas para de detectar, prevenir, sancionar, detener y erradicar estas prácticas", plantea Eugenia Cozzi, criminóloga de la UNR e integrante de la Multisectorial. 

La columna más grande la integran los familiares y amigos de David Campos y Emanuel Medina, los jóvenes acribillados por la policía el 23 de junio en tras evadir un control. Juana, la mamá de David, y Luis, el papá de Emanuel, peregrinan en silencio y con los ojos extraviados.  

Quien tiene fuerza para hablar es Germán, el hermano de una de las víctimas. Pide la palabra para dar un consejo: "No seamos indiferente a esto. El día que me entregaron un folleto con el cara de Jonathan Herrera no le di mucha bola. Hoy caminamos junto a su familia. Nunca pensé que nos podía pasar y acá estamos reclamando justicia".

La marcha empieza, avanza y termina con un mismo grito: "Ni un pibes menos, vivos los queremos".