Luego de que se anunciara el inminente desembarco en Rosario de la aplicación para smartphones Cabify, que permite pedir coches que se abonan con tarjeta de crédito, previo registro en la base de datos de la aplicación, desde el Concejo se levantaron algunas voces advirtiendo por “un vacío legal” en el funcionamiento de este tipo de iniciativas. En ese senrido, el edil radical Sebastián Chale evaluó que “es imprescindible avanzar en una normativa al respecto, no puede ser que en el Concejo se continúen postergando debates insoslayables como éste”. 

“Hace tres años y medio venimos debatiendo una ordenanza al respecto. Es imperioso avanzar en ella porque este vacío legal perjudica pasajeros y choferes”, agregó el concejal, quien apuntó a “situaciones injustas” que este vacío legal genera, “como el caso de algunas aplicaciones que no tributan DReI ni tienen habilitación como empresa”, agregó. Asimismo, Chale apuntó que “al no estar regulado este servicio, el municipio no tiene medios para monitorear su funcionamiento”. “¿Qué se hace si una persona tiene un reclamo, una denuncia, o si se cobra mal un viaje? La regulación es necesaria y urgente pensando en el beneficio de taxistas y usuarios”, añadió.

En esa misma línea, Chale enfatizó que "hay que atreverse a implementar avances tecnológicos e imponerse frente a la resistencia de algunos actores del sector, adaptar un servicio público a las nuevas tecnologías, brindando otro canal que optimice el trabajo del chofer y al mismo tiempo, una iniciativa que logre un trayecto con mayor seguridad”. “Por eso promovemos una legislación moderna y transparente que optimice la calidad de prestación”, manifestó.

“Desde abril estamos solicitando a la comisión de Servicios Públicos del Concejo y al área de Movilidad; que se convoque a todos los actores de esta problemática para avanzar con una nueva legislación cuanto antes”, agregó.

De cualquier modo, Chale trazó una línea entre una aplicación como Uber con otro tipo de servicios. “El transporte de pasajeros en Rosario y en todo el país es un servicio público concedido, por ende, regulado por el Estado. Por tanto, un sistema autoregulado como Uber no es legal en nuestro régimen”, apuntó y agregó: “Sin embargo, servicios que vinculan taxis y remises legales con licencia con la demanda de usuarios, están dentro del marco normativo y pueden funcionar sin ningún tipo de inconveniente. No se puede prohibir lo que no se conoce”.