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Avanza la causa penal por maniobras con cápitas de Pami

Avanza la causa penal que investiga cómo el cambio del sistema de cápitas y cartera asignada de Pami afectó y puso en riesgo la salud de numerosos afiliados. La situación que destapó la olla fue la que se generó en la localidad santafesina de Arteaga, ubicada a 130 kilómetros de Rosario: allí se firmó un convenio entre el Samco y la obra social de los jubilados, en el que el centro de salud se comprometió a tratar pacientes de alta complejidad aún sin tener los recursos humanos ni técnicos necesarios para hacerlo. Trascendió que el contrato firmado entre Pami y el Samco de Arteaga rondaría los 6 millones de pesos. Son muchos los que se preguntan cuál fue el destino de ese dinero y si existen rendiciones oficiales que justifiquen esa cifra.

La diputada nacional Alicia Ciciliani, una de las que hizo pública la situación, fue citada a declarar el jueves pasado en el marco de esa investigación y abundó en detalles sobre lo que ocurre no solo en Arteaga, sino también en muchas otras localidades del sur santafesino. "La investigación de la justicia penal sigue avanzando para ver la responsabilidad de funcionarios públicos que toman decisiones administrativas que pueden ocasionar perjuicios y afectar la salud de los abuelos", celebró. "Los funcionarios tienen que saber que hagan lo que hagan se los está mirando", reforzó. 

"Acá está en juego la vida de las personas. El gobierno anterior pagaba la cápita y la cartera asignada, es decir, el piso de la cápita sumado a que los prestadores que más atendían, más cobraban. Este gobierno actual rompió el equilibrio del sistema sin estudio ni responsabilidad sobre los afiliados”, aseguró la legisladora. "El caso de Arteaga muestra toda la perversión del sistema", había resumido en su momento Ciciliani.  

El fiscal federal Guillermo Marijuán fue quien decidió actuar de oficio ante distintas informaciones que se vertieron en medios de comunicación. La denuncia penal se realizó contra Pami y las autoridades del Samco arteaguense. En la semana, el intendente de Arteaga Sergio Protti salió a despegarse del tema. Pero lo cierto es que el director del Samco cuestionado es Julián Scarinchi, quien ocupa el segundo lugar de la lista de Protti, que aspira a ser reelecto en su puesto en octubre. Incluso, la secretaria privada del intendente fue en su momento presidenta de la comisión del Samco.

Ciciliani opinó que "hay responsabilidad política" de quienes gobiernan la comuna en lo ocurrido. "En este sistema, el Samco tiene una comisión directiva, que la eligen desde la comuna, de modo que es una entidad con personería jurídica que toma decisiones y debe hacerse responsable si ofrece prestar un servicio que no tiene", enfatizó.

Según trascendió, la investigación marcha a buen ritmo y los implicados deberían pasar en breve por Comodoro Py a dar las explicaciones del caso.

Cabe destacar que, tras su exposición mediática e iniciada la investigación judicial, la situación de Arteaga pudo resolverse ya que los afiliados volvieron a ser aceptados por el sanatorio Primordial de Casilda, que era donde se atendían antes. Pero la situación aún es conflictiva en otras zonas como Firmat y los pueblos vecinos. En Villa Gobernador Gálvez, el sanatorio Gomara pidió la quiebra luego de quedarse sin contrato con Pami y ahora no puede absorber las prestaciones. Y tanto los jubilados de esa localidad como de Capitán Bermúdez se están trasladando a Rosario porque necesitan servicios que no tienen cerca. Esto implica que los prestadores del Pami en Rosario están trabajando al límite. 

Escuchá el planteo de Ciciliani sobre el Pami en el Congreso:

 

 

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