Los “corralitos” en las calles de la ciudad ya están incorporados al imaginario de los rosarinos, pero lejos están de haberlos aceptado. De hecho, la repetición de vallados que obstaculizan la circulación de automóviles sigue siendo una fuente de queja permanente por parte de los ciudadanos. En ese sentido, en el Concejo hay un proyecto que espera ser debatido por los ediles desde junio del año 2014. En tres años, la iniciativa que propone elevar las multas para las empresas cuando rompan calles sin autorización, no señalicen obras o incumplan los plazos fijados para los trabajos, entre otras irregularidades.

El autor del proyecto es el concejal Sebastián Chale, quien insistió en el tratamiento del proyecto para limitar la permanencia de los corralitos en la vía pública. “Creemos que la falta de coordinación en las interrupciones del tránsito por estas intervenciones en la vía pública generan múltiples perjuicios, afectando la movilidad, la accesibilidad y la seguridad vial".

El proyecto, que está a la espera el despacho en la comisión de Obras Públicas, indicó Chale, surge a partir de los reclamos de vecinos que denuncian que los vallados permanecen por mucho tiempo una vez finalizadas las obras. “Hemos recibido reclamos de vecinos que nos dicen que incluso en algunos casos, los vallados han perdurado meses luego de finalizado el trabajo”, advirtió el edil. 

El concejal radical, que disputará las Paso dentro del Frente Progresista Cívico y Social, indicó que “muchas empresas realizan obras en vía pública, no sólo EPE y Aguas Santafesinas, sino también firmas de telefonía, entre otras”. En el caso de Aguas, por ejemplo, señaló que en 2009 se contabilizaron un promedio de 400 vallados; en 2013, 270; en 2014, 110; en 2015, 100; en 2016, 150 y en 2017, 100. 

Para Chale, los valores de sanciones deben ser actualizados, teniendo en cuenta especialmente los casos en los que se afectan los carriles exclusivos. “Revisamos los montos de multa fijados por la ordenanza que regula las obras en vía pública y advertimos que son muy bajos, de entre 200 y 900 pesos diarios”, apuntó y agregó: “Es claro que montos tan bajos no resultan un incentivo suficiente para el cumplimiento de la norma, por eso proponemos que una sanción que hoy va de 200 a 600 pesos diarios, como por ejemplo, el no cierre de acera o calzada por servicio domiciliario, alcance entre 3200 y 9600 pesos por día”. 

“Creemos que hay que redoblar esfuerzos para acelerar los procesos de obra y de cierre de calzada, más aún en casos en los cuales, como en el carril exclusivo, la circulación se ve aún más afectada, llevando a los conductores a realizar maniobras peligrosas y atentando contra la seguridad vial", cerró el concejal.