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Cataluña festejó su día nacional dividida por la independencia

La autonomía catalana insiste en la celebración de la consulta a pesar de las amenazas del gobierno central

Como cada año desde 2012, este lunes 11 de septiembre Cataluña festejó su día nacional, una fecha en la que la autonomía conmemora la caída de Barcelona en manos de las tropas borbónicas durante la Guerra de Sucesión Española el 11 de septiembre de 1714, tras catorce meses de sitio, una victoria que conllevó la abolición de las instituciones catalanas.

Pero este año la manifestación fue más multitudinaria si cabe que en ediciones anteriores. Más de medio millón de personas, según afirmaron los convocantes de Asamblea Nacional Catalana (ANC), menos de 500 mil, de acuerdo a cifras oficiales, salieron a las calles de las ciudades catalanas en una marcha en la que la convocatoria del nuevo referéndum de independencia fue la principal protagonista.

Más de medio millón de personas salieron a la calle. Foto: EFE

En esta Diada, nombre que recibe la fiesta, Cataluña estuvo más dividida que nunca, tanto a pie de calle como entre partidos políticos. Es que la polémica aprobación de la ley que sirvió de base para poner en marcha la consulta secesionista que tendrá lugar el próximo 1 de octubre ha generado mucha tensión interna y externa.

El Parlamento Catalán decidió incluir el pasado miércoles en su orden del día de forma sorpresiva la votación de esta normativa, sin dar lugar a objeciones de la oposición y con el único apoyo de los partidos independentistas.

La ley aprobada, que amparará el referéndum, se auto declara superior a todas las normas vigentes y dispone que si la opción separatista triunfa en las urnas se declarará de inmediato la independencia, sin importar cuánta gente vaya a votar.

Un mecanismo atípico y que fue muy criticado por rozar la anti democracia, y que dio lugar además a la firma oficial del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de la convocatoria del referéndum.

Tras esta acción, el gobierno central de Mariano Rajoy advirtió de que había puesto en manos de la justicia el proceder “anticonstitucional” del parlamento catalán, y aseguró que no permitiría que se realizara la consulta.

Poco después fue el propio Tribunal Constitucional quien declaró ilegal esta nueva llamada a las urnas. Los magistrados suspendieron cautelarmente la consulta tras aceptar los cuatro recursos presentados por el Gobierno español contra la ley aprobada.

La mayoría de catalanas quiere votar, ya sea Sí o No. Foto: EFE

Pero no sólo desde afuera llegaron las críticas. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, anunció en las jornadas posteriores que la ciudad condal no cedería espacios públicos para votación hasta que se aclarase si la convocatoria se había realizado yendo en contra de estatutos referidos en la Constitución Española.

Sin embargo, la ambigüedad de la mandataria local fue clara poco después, cuando aseguró que haría todo lo posible para que la sociedad catalana pudiera expresar su deseo, pero también añadió que no se puede "dejar fuera a la mitad de los catalanes", en alusión a los no independentistas que desaprueban una consulta citada sin garantías.

En definitiva, una Cataluña muy dividida en los político y lo social que vive con muchas tensiones e incertidumbre lo que pueda ocurrir el próximo 1 de octubre. Cabe recordar que esta no es la primera vez que se convoca un referéndum similar en Cataluña.

El anterior presidente catalán, Artur Mas, convocó una consulta para el 9 de noviembre de 2014 cuyo objetivo era conocer la opinión de los ciudadanos catalanes sobre si la comunidad autónoma de Cataluña debía ser un Estado y si ese Estado debía ser independiente.

Artur Mas, ex presidente de la Generalitat

Fue puesta en marcha gracias a un acuerdo entre la mayoría de los partidos políticos con representación en el Parlamento de Cataluña, después de varios años de grandes movilizaciones sociales en favor de su realización por una parte de la ciudadanía catalana.

El proceso fue suspendido de forma cautelar el 29 de septiembre del mismo año, tras la aceptación a trámite de los recursos de inconstitucionalidad del Gobierno de España, presentados ante el Tribunal Constitucional.

El 14 de octubre, ante la situación de la suspensión, Artur Mas anunció que la consulta no se celebraría en los términos previstos y que en su lugar convocó una consulta alternativa, que se realizó, y por la cual fue juzgado recientemente y condenado a dos años de inhabilitación por desobediencia al impulsar la celebración de la consulta pese a la advertencia del Tribunal Constitucional.

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