La Justicia española condenó al cuñado del rey Felipe VI a la pena de 6 años y 3 meses de cárcel por prevaricato, malversación, fraude, tráfico de influencia y dos delitos fiscales. En el fallo de la Audiencia Provincial de Palma, que trascendió este viernes, las magistradas exoneraron sin embargo a la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI y esposa del condenado Iñaki Urdangarín, a quien la fiscalía no acusaba de ningún delito.

La organización Manos Limpias, que ejercía la acusación popular, solicitaba para ella una condena de ocho años de prisión como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales cometidos por su marido. El dictamen llegó siete meses después de que el proceso que sentó en el banquillo a Cristina de Borbón y otras 16 personas quedara visto para sentencia

Urdangarín deberá además pagar una multa de 512.000 euros. Por su parte, a Cristina de se le impone una responsabilidad civil a título lucrativo con su marido de 265.088 euros.

A Diego Torres, socio de Urdangarin, el tribunal lo penó con 8 años y 6 meses de prisión, 8 de inhabilitación especial y multa de 1.723.843,10 euros por prevaricato, fraude a la Administración Pública, tráfico de influencias, delitos fiscales y blanqueo. Su esposa, Ana María Tejeiro, resultó absuelta de delitos fiscales, pero deberá responder a título lucrativo de 344.934 euros.

El tribunal también sentenció a Jaume Matas, ex presidente balear a tres años y ocho meses de cárcel y siete de inhabilitación por prevaricación y fraude.

La decisión de la Audiencia de Palma es recurrible ante el Tribunal Supremo. El fiscal Horrach pedirá prisión inmediata para Urdangarin y Torres en una vista que ya ha solicitado para que se celebre en los próximos días, según fuentes del ministerio público. Según estas fuentes, la gravedad de las penas "implica un cierto riesgo de fuga", por lo que el fiscal solicitará las medidas cautelares que garanticen su cumplimiento.

El escándalo por el que se dictó sentencia este viernes estalló hace seis años cuando se hicieron públicos los negocios irregulares de Urdangarin como director del instituto Nóos, una supuesta entidad benéfica de promoción del deporte, que facturó 17 millones de euros entre 2004 y 2006 por servicios que nunca se prestaron.