Familiares de dos jóvenes que fueron alojados en la comunidad terapéutica San Camilo denunciaron penalmente a la Dirección Provincial de Niñez y Adolescencia por torturas y violaciones de derechos que los chicos sufrieron en el polémico centro de rehabilitación de adicciones. Referentes de la lucha por los Derechos Humanos ya habían pedido la clausura del lugar que da lugar a adolescentes oriundos de la provincia de Santa Fe-

Débora y Claudia, madres de dos chicos que fueron enviados por la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia a San Camilo, ubicado en la provincia de Buenos Aires, presentaron una “denuncia penal por las aberraciones a las que fueron sometidos sus chicos y los demás jóvenes que están alojados”, según confiaron a través de un comunicado divulgado por la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, que prestó asesoramiento a las familias.

“Mi hijo fue trasladado a la Comunidad Terapéutica nombrada, producto de la intervención de la Dirección. Quiero denunciar a los funcionarios de la Dirección Provincial de Niñez por incumplimiento de los deberes de funcionario Público por el sometimiento a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de la Comunidad, en la que mi hijo es sistemáticamente víctima de diversos castigos crueles y degradantes, sobremedicación aislamiento, sujeción física y mecánica, y encierros prolongados”, detalla la denuncia firmada por las madres.

Claudia contó que el pasado 30 de junio fue a visitar a su hijo y entonces descubrió de qué se trataba San Camilo. Fue en ese momento que decidió retirar al joven de la polémica institución. En la denuncia habló de prácticas carcelarias. Los jóvenes tienen que pedir permiso para usar el baño, no tienen agua caliente ni frazadas para pasar la noche, contaron las denunciantes.

Una de las madres constató también que en el lugar hay un brote de sarna y que no se suministraron los medicamentos necesarios para prevenirlo. Débora, la otra denunciante, contó que a su hijo lo ataron con cordones a una cama, le inyectaron medicamentos y lo dejaron así por cinco días como forma de castigo.

“El Estado paga para que se vulneren los derechos de las niñas, niños y adolescentes no solo en San Camilo, sino en toda institución privada. Por eso nos oponemos rotundamente a que la respuesta a esta denuncia sea el traslado de los jóvenes a otra institución de similares características”, remarcaron finalmente los familiares.