La luz verde que el Concejo le otorgó a un empresario rosarino para que concrete el desembarco del hotel Sheraton en Puerto Norte abrió la posibilidad de una inédita doble especulación inmobiliaria en el marco de los convenios urbanísticos firmados por el municipio, tal como detalló este martes Rosarioplus.com, y a su vez desnudó viejas irregularidades en cuanto a las retribuciones (obras) que el privado se comprometió a realizar. 

En 2008, el municipio y el Concejo le otorgaron a la firma Servicios Portuarios S.A. indicadores de construcción para una de las seis Unidades de Gestión de Puerto Norte. Según lo acordado, el nuevo dueño de la tierra debía construir dos torres de 40 pisos y un hotel dentro del antiguo silo de esa zona, parámetros que ahora se modificaron a pedido de Sheraton.

Como suele ocurrir en estos casos, el acuerdo público-privado se rubricó con obligaciones de la firma en materia de contraprestaciones, en su mayoría ligadas a la reconversión de esa zona costera. Entre las principales obras figuraba el Parque de la Arenera, un nuevo espacio público ubicado entre el complejo Ciudad Ribera y el Parque Sunchales en la avenida de la Costa.

La obra debía finalizar en 2014, tal como figura en la ordenanza N°8320. El plan de trabajo contemplaba la parquización, iluminación, senderos peatonales y para bicicletas, nuevas barandas y el mobiliario urbano de ese sector de la ciudad. "Con esa obra Rosario tendrá un frente costero de más de 15 kilómetros continuos que incluyen 10 paseos públicos y que resultan uno de los atractivos turísticos más importantes de la ciudad", se anunció en su día desde la secretaria de Planeamiento del municipio.

El terreno de cuatro hectáreas se cercó recién ese año y los trabajos comenzaron a medidos de 2015. Pablo Barese, por aquel entonces secretario de Planeamiento, anunció que la obra iba a estar lista en diez meses. Pero las tareas se paralizaron y se reanudaron a mitad del año pasado, en su supuesta fecha de finalización.

El actual titular del área, Pablo Avalos, explicó a principio de este año que esta obra se "superpuso" con la ejecución del denominado conducto Vera Mujica, lo que estiró los plazos. Se fijó una nueva fecha de inauguración para agosto, aunque no hay indicio alguno para pensar que el corte de cinta se va a dar en 30 días.

La sorpresiva e irregular salida de Servicios Portuarios del desarrollo inmobiliario --vendió sus indicadores de construcción a otro privado-- no hizo más que exponer esta llamativa dilatación. "Sin invertir un peso y sin poner un solo ladrillo, la firma subvende sus indicadores, algo que nunca se había hecho hasta ahora, y encima se va sin cumplir con la contraprestación", resumió Juan Monteverde, concejal de Ciudad Futura.  

Reclamo en el Concejo

En una de las primeras sesiones del año en el Palacio Vasallo, algunos bloques de la oposición cuestionaron la "flexibilidad" y "permisividad del Poder Ejecutivo hacia el desarrollador privado por esto incumplimiento. La concejala Norma López (Frente para la Victoria-PJ) fue quien encabezó el reclamo. 

Solicitó informes al municipio para saber los motivos por los cuáles se demoraron las obras del Parque de la Arenera y cuáles fueron las sanciones y multas aplicadas a la firma a cargo del emprendimiento. "Nunca recibimos respuesta", aseguró la concejala.  

“Las obras del parque deberían haber culminado en 2014 según fija la ordenanza N°8320 aprobada en 2008 para Puerto Norte, dentro del cual se incluye la ejecución del Parque Público Jardín de la Arenera. Vecinos y comerciantes de la zona reclaman la finalización de las obras para lograr la conectividad del sector de Puerto Norte con Parque Sunchales”, planteó la edil.  

López entiende que la Municipalidad no cumplió con su rol, que no es otro que el de controlar a esta empresa privada. "Queremos saber las sanciones y multas aplicadas a la firma a cargo del desarrollo inmobiliario por estos incumplimientos. Lamentablemente no obtuvimos más que silencio", se quejó.

Llama la atención -agregó- que el Concejo Municipal no tenga conocimiento sobre la mencionada reprogramación de los plazos de obra, siendo que la ordenanza que los aprobó se sancionó en este cuerpo legislativo.