El apropiador de la diputada nacional Victoria Donda, y el obstetra de la maternidad clandestina que funcionó en la ESMA, pidieron la libertad condicional en base al cómputo procesal del 2x1, a raíz del fallo emitido esta semana por la Corte Suprema de Justicia. Son dos de varios otros casos en los últimos días, y se supone que habrá más.

El ex prefecto Juan Antonio Azic (76), quien también se apropió de Laura Ruiz Dameri, solicitó que se recalcule su pena a través de un recurso presentado por su abogado en los tribunales federales de Comodro Py, en el barrio porteño de Retiro.

Por su parte, Jorge Magnacco hizo un planteo similar a través de su defensa oficial ante el Tribunal Oral Federal 5 que lo condenó a 15 años de prisión en un megajuicio por robo de bebés y ahora lo juzga en otro tramo de esa causa.

En 2012, Azic fue condenado a catorce años y medio de prisión por la apropiación de la diputada por el Movimiento Libres del Sur; y dos años más tarde a 10 años por la apropiación de Dameri.

Otros represores, mismo pedido

En la petición formulada por la defensa de Víctor Gallo, la fiscal María Ángeles Ramos ya se pronunció por rechazar el pedido y además pidió declarar inconstitucional la aplicación del beneficio del 2x1.

"Voy a postular la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del art. 7 de la ley 24.390, en su modalidad ultractiva, por afectación al principio de proporcionalidad de las penas", sostuvo Ramos en el dictamen entregado al Tribunal.

La fiscal entendió que el caso de Gallo, condenado por la apropiación del nieto recuperado Francisco Madariaga y por otros delitos de lesa humanidad a una pena única de 25 años de prisión, es diferente al precedente "Bignone-Muiña", firmado por la Corte Suprema.

"La aplicación del precedente no resulta válido, puedo decir como primera cuestión que, aunque en ambos casos se trataron de delitos de lesa humanidad, los hechos imputados en el fallo tienen distinta naturaleza y alcance que aquellos por los cuales fue condenado Gallo", advirtió.

La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo pidió ante la justicia que se incluya en el programa de protección de testigos al nieto recuperado Francisco Madariaga ante la eventualidad de que su apropiador, Gallo, recupere la libertad.

Madariaga nació en un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico militar y fue apropiado por Gallo, quien lo amenazó en reiteradas ocasiones, según recordaron Abuelas a través de un comunicado.

En tanto que el fiscal a cargo de la Unidad especializada en casos de apropiación de niños durante la última dictadura, Pablo Parenti, se opuso a un pedido de excarcelación solicitado por el ex militar Héctor Giribone, quien también pidió ser beneficiado por la derogada ley del 2x1.

Giribone es un ex jefe del área de Inteligencia de la Escuela de Caballería de Campo de Mayo que fue condenado por el TOF 5 a ocho años de prisión por ser el  entregador del nieto recuperado 106, Pablo Gaona Miranda.

Además de oponerse a la excarcelación -opinión que podía no afectar la decisión del tribunal-, el fiscal Parenti planteó además la inconstitucionalidad de la ley del 2x1, y "la imposibilidad de que fuera aplicada al robo de bebes".

El represor Alejandro Lazo, condenado a 10 años de prisión por torturar en 1976 a perseguidos políticos, entre ellos a la actual jueza sanjuanina Margarita Camus, pidió hoy ser liberado mediante el beneficio del 2x1, que la Corte Suprema aplicó esta semana por primera vez a un condenado por delitos de lesa humanidad.