A partir de este mes, el Ministerio de Desarrollo Social que encabeza Carolina Stanley, decidió aplicar un olvidado decreto de 1997 que establece la necesidad de reunir más requisitos y condiciones a quienes buscan acceder a una pensión por discapacidad.

Bajo estos argumentos, el Ejecutivo Nacional quitó la ayuda social a beneficiarios cuyos cónyuges perciban una pensión o jubilación, incluso si es la mínima. También sufrieron la baja de sus pensiones las personas con dificultades para manejarse de manera independiente en caso de que cuenten con un tutor que perciba ingresos equivalentes a tres salarios mínimos, es decir, cuyo familiar tenga un salario formal de 21 mil pesos o más.

En rigor, el ministerio comandado por Stanley reflotó el decreto 432 que dictaminó Carlos Menem en 1997 para sacar las pensiones graciables a las personas con ‘invalidez’. La decisión se fundamenta en estaría vinculado con el pedido de Mauricio Macri de achicar el gasto para cumplir la meta de 4,2% de déficit fiscal.

La pensión de discapacidad mínima es 4.400 pesos pero la mayoría accede a los 7.000 pesos del total 1.056.504 pensiones por “invalidez”. Pero además del dinero se estaría privando de servicios como los de salud.