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En capilla: hay 700 policías que cobran sin trabajar

El gobierno espera que el Senado provincial destrabe un proyecto de ley para agilizar la definición de los policías que son pasados a disponibilidad. Hay 100 en proceso de destitución, algunos desde hace casi diez años, apartados por delitos graves, pero que siguen perteneciendo a la Policía de Santa Fe 

La Policía de Santa Fe tiene a cien de sus hombres en proceso de destitución por haber delinquido. Algunos llevan casi diez años en ese limbo burocrático. Más de uno, incluso, tiene condena penal, y sin embargo sigue perteneciendo a la fuerza de seguridad. Y cobrando. Entre esos y otros en situación menos escandalosa, son alrededor de 700 los policías que no trabajan y que cobran al menos el 75 por ciento del sueldo, lo que implica para el Tesoro provincial una erogación de más de diez millones de pesos al mes. Son apartados por razones varias, desde un accidente o enfermedad hasta el homicidio o el narcotráfico. Y permanecen así hasta que la burocracia interna de la Policía, o la Justicia decida su futuro.

En el Senado provincial duerme desde marzo de 2016 un proyecto para modificar la Ley de Personal Policial, nº 12.521. El Ejecutivo quiere cambiar la legislación para que el Ministerio de Seguridad pueda intervenir y agilizar los sumarios a policías, al menos los involucrados en delitos graves o que fueron sorprendidos in fraganti.

 

David Reniero, secretario de Control de Fuerzas de Seguridad.

El secretario de Control de Fuerzas de Seguridad, David Reniero, dijo al respecto: “Quisiéramos generar la destitución en un tiempo más corto, que deje de percibir el sueldo, y para dar un mensaje claro hacia adentro. Actualmente esto lo maneja el D5; y sería muy importante que en los casos graves esto lo resuelva la política y no se pierda en un laberinto burocrático, como pasa muchas veces. No queremos sacarle el régimen sancionatorio a la Policía, que debe tenerlo, pero sí queremos actuar con celeridad en los casos graves. Este año el ministro firmó destituciones que venían pedidas desde 2004. Y si no, siempre hay 3 o 5 años de demora como mínimo, y eso tendría que resolverse en 3 o 4 meses garantizando la defensa y todo. Hoy se espera la resolución en juicio para resolver lo administrativo –lamentó -, y así tenemos a todos los casos de policías involucrados en narcotráfico en situación de disponibilidad, cobrando el 75 por ciento del sueldo, y esperando su juicio oral. Deberíamos poder separarlo de la fuerza sin esperar al tribunal, y si resulta sobreseído puede ir al contencioso administrativo y solicitar su reincorporación. Igualmente, si la imputación fue en flagrancia, es muy raro que se trate de un error”, razonó el funcionario.

 

Con 700 agentes en disponibilidad, en un promedio arbitrario de 20.000 pesos de sueldo cada uno, rebajado al 75 por ciento, la cuenta que lamenta el contador de Seguridad supera los 10 millones de pesos mensuales.

 

Entre los pases a disponibilidad se cuentan quienes tienen

Las causas que demoran estos procesos refieren a la lentitud propia de la burocracia, y también a cierto espíritu de cuerpo en algún caso que tienda a dilatar el trámite. Y cuando el sumario administrativo tiene su correlato en un expediente de la Justicia penal, el sumariado suele exigir -a través de su abogado- que su situación policial no varíe hasta que el tribunal se expida.

 

Consultado sobre el ranking de delitos en los que incurren los policías, Reniero dijo: “Tenemos, últimamente, muchas imputaciones por casos de presunta corrupción en cuestiones administrativas, contrariamente a lo que la ciudadanía cree, que sean los apremios ilegales o vejaciones. Son irregularidades con las horas OSPE (horas de servicios excepcionales), con el combustible, o violencia de género interna, entre parejas constituidas por policías”, reveló.

 

Una pareja de agentes tuvo sexo en horas de servicio. El video se viralizó y
ambos fueron apartados de la fuerza.

El proyecto apunta a que el ministro de Seguridad pueda intervenir en los expedientes por sanciones disciplinarias como para concluir todos antes de que cumplan un año. Asimismo, incorpora la posibilidad de asignar a los policías apartados por enfermedad o accidentes –que hoy transitan sin trabajar- a “tareas diferentes” una vez cumplida su licencia, como para que al menos presten algún servicio. Eso sí: el tiempo transcurrido en tareas diferentes no contará para los ascensos, y mientras tanto el policía no cobrará suplementos particulares como los de riesgo profesional o dedicación exclusiva.

 

En cuestión de caja, el proyecto modifica el porcentaje de sueldo en disponibilidad, del 75% al 60%.

 

Un cargamento de marihuana en Arroyo Leyes tuvo a varios policías 
involucrados. Entre los oficiales que están en el limbo hay condenados por narcotráfico.

La reforma a la ley 12.521 también incorpora a las funciones pasivas a los involucrados en delitos de drogas, tengan prisión preventiva o no. Ocurre que hoy el Estado les paga el sueldo a policías que fueron condenados en primera instancia por casos de narcotráfico, pero que apelaron y por lo tanto no tienen sentencia firme. El proyecto quiere terminar con eso. Si el policía en cuestión supera un año en esa situación, el Ministerio le dará la baja. Y mientras tanto, percibirá el 30% del sueldo sin posibilidad de suplementos.

 

Botones de muestra 

 

En el conjunto de policías puestos en disponibilidad destacan casos estridentes de violencia institucional. Los más recientes y de mayor repercusión pública son la desaparición de Franco Casco de la comisaría 7ª -que luego apareció muerto-, las vejaciones a Elina Rivero en esa misma seccional, la muerte de Gerardo Escobar, el crimen de Jonatan Herrera en Ayacucho y Seguí por hombres de las PAT, las persecuciones y fusilamientos de Leonel Mafud en 2014, en Roldán, y de David Campos y Manuel Medina, el mes pasado en Callao al 5700, y el encubrimiento policial en el accidente que les costó la vida a Emiliano Cáceres y Facundo Aguirre por citar los más resonantes.

 

Familiares y amigos de Herrera representaron el crimen en la calle.
El caso Jonatan Herrera, un emblema de violencia institucional (Juan José García)

Confrontado con esto, Reniero, ensayó una explicación a esos errores que cuestan vidas humanas a manos de quienes deben protegerlas. “En las persecuciones hay gente que tiene 20 años en la policía. No es inexperta y no debe echársele la culpa a la formación porque ya no se instruyen en cuatro meses y salen con un arma. Creo que tiene que ver con la complejidad que vive un funcionario policial y con la complejidad del territorio. Nadie los forma para que hagan eso –dijo Reniero-. Por alguna cuestión corporativa en una persecución salen todos y en esos momentos de pulsaciones a mil la templanza debe primar para saber cuándo usar un arma o no. Usar el arma es la última de las alternativas, y en muchos casos por no usarla han sido baleados. El año pasado tuvimos dos policías muertos. Ojo: de los 18 policías involucrados en la persecución de Callao y Arijón, sólo dos están sospechados de haber cometido esa locura. Quiero decir, hay 700 en disponibilidad sobre 23000 policías santafesinos. Tenemos excelentes profesionales, verdaderos servidores públicos, sino sería un caos total. Creo que esto se irá mejorando con el tiempo y los reentrenamientos del personal. Por eso se reabrió la Escuela Superior de Policía”.

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Tapas 19.10.17

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