Una docena de barriles con pseudoefedrina fue encontrada este jueves en un depósito fiscal lindero al aeropuerto internacional de Ezeiza, en el marco una causa que en la que se investiga el tráfico ilegal de esa sustancia, y en la que instruye la jueza federal federal María Romilda Servini.

Los hallazgos se produjeron durante una allanamiento encabezado por la Policía Metropolitana desarrollado esta tarde, luego de que el suspendido titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, se presentara esta mañana en los tribunales federales de Comodoro Py para aportar información.

En su visita al Juzgado Federal Número 1, Gómez Centurión sostuvo que tenía información que indicaba que esa sustancia estaba escondida desde hacía varios años en los depósitos fiscales de Ezeiza, y que se hallaba en containers a los que dijo que no pudo llegar “por trabas burocráticas”.

Durante el procedimiento que todavía continuaba, la policía se encontraba revisando al menos una decena de barriles de 25 kilos de pseudoefedrina, según informaron a esta agencia fuentes vinculadas con la investigación. 

Las mismas fuentes remarcaron que dentro de los tachos había pseudoefedrina -y no efedrina como se dijo en un primer momento- aunque explicaron que ambas funcionarían como precursores químicos para sintetizar metanfetamina.

Además sostuvieron que los tachos habían sido retenidos por la Aduana en los galpones de la Terminal de Cargas Argentina (TCA), en el sector identificado como DAP (directo a plaza), denominación que se utiliza para identificar mercadería que puede ser importada mediante un proceso más rápido que el promedio.

Fuentes judiciales estimaron que que se trataba de pseudoefedrina importada que no fue retirada, sostuvieron que se encontraba en ese depósito fiscal al menos desde 2011 e informaron que además se secuestró documentación relacionada con el hallazgo.

Gómez Centurión

Fue separado de su cargo al frente de la Aduana el pasado 19 de agosto, luego de que se presentara una denuncia anónima en su contra en el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich.
La denuncia se basa en grabaciones de conversaciones telefónicas obtenidas ilegalmente en las que el funcionario desplazado conversaría con un contrabandista sobre lo que debería abonar para viabilizar operaciones aduaneras.