El gobierno nacional puso en marcha el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), que permitirá dar certificados de vivienda familiar a 2 millones de habitantes de unas 4.100 villas y asentamientos de todo el país, además de acceder a distintos servicios.

La medida se puso en marcha mediante el decreto 358, publicado este martes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Mauricio Macri y los ministros de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y de Desarrolllo Social, Carolina Stanley.

El relevamiento de los asentamientos irregulares fue realizado por los integrantes de diferentes organizaciones sociales, entre las que se encuentran Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y Techo, que fueron "casa por casa" para encuestar a las familias a lo largo y ancho de los 4100 barrios de la república argentina.

"Se trata de un documento público inédito en nuestro país, que legaliza nuestro domicilio y reconoce nuestro derecho a la ciudad. A acceder de forma igualitaria a todos los servicios de la red pública de agua, electricidad, cloacas, etc", explicaron desde la agrupación de movimientos sociales y agregaron: "Además, nos permite exigir transporte, alumbrado público, escuelas, hospitales, recolección de residuos, centros artísticos y deportivos; todos los servicios necesarios para un buen vivir. Es decir, nos reconoce como ciudadanos de nuestras ciudades, aunque no tengamos hoy el título de propiedad".

Por su parte, la ministra de Desarrolllo Social, Carolina Stanley, dijo a la radio Cadena 3: “Es una medida histórica, que no se había hecho nunca en el país".

La iniciativa beneficiará a 500 mil hogares que se encuentran en una situación de tenencia irregular de su vivienda, lo que involucra a más de dos millones de personas, según datos del Censo Nacional de Población de 2010, el último realizado en el país.

El registro se pone en marcha tras el relevamiento nacional de barrios populares que realizó la jefatura de Gabinete junto a las organizaciones sociales, entre agosto de 2016 y mayo de 2017, que determinó la existencia de 4.100 barrios populares -villas, asentamientos y urbanizaciones informales-, con déficit en el acceso a los servicios básicos y una situación de dominio irregular en la tenencia del suelo.