La situación pasó en la audiencia de este jueves, cuando el policía Diego Cárdenas, el primer imputado a declarar, iba a hacer uso de la palabra en una silla ubicada frente a los jueces. El abogado Gabriel Navas, defensor de Andrés Fernández y Ángel Avaca, interrumpió para plantear una queja: la posición elegida por el tribunal para esas alocuciones.

La silla estaba colocada en el centro del recinto, a pocos metros del estrado, y de espalda a la mayoría de los letrados. “Es importante ver sus gestos, sus ademanes, no es menor”, argumentó Navas. Lo que vino a continuación fue un intercambio de opiniones de todas las partes para elegir el mejor lugar para el asiento.

Un abogado propuso que los imputados declarasen al lado de sus defensores, sin alterar ninguna distribución del mobiliario. El planteo fue rechazo por el juez Ismael Manfrín. “De esa forma no vemos nosotros, quedan muy lejos”, explicó.

Otro abogado aportó la solución de las pantallas y de transmitir los discursos en los dos televisores colgados en las paredes laterales. Pero los técnicos del reciento aclararon que eso no era posible para la “mala calidad de la imagen”.

El hueco diagonal entre el escritorio de los fiscales y el estrado asomó en medio del debate como el mejor lugar para salir del apuro. Cárdanes se movió hasta allí y encendió el micrófono para empezar a hablar. En ese momento, el fiscal Gonzalo Fernández Bussy mostró su disgusto por esa resolución. “Los imputados no pueden estar tan cerca de la fiscalía”, se quejó.

Ya con un murmullo generalizado, el juez Manfrín ordenó no mover la silla y adelantó que se iba a revisar el tema durante el fin de semana para encontrar “la mejor solución”. Quince minutos después de lo previsto, Cárdenas emitió su primera palabra.

El ejemplo de la silla, trivial y menor en el desarrollo del trascendente proceso penal, se repitió con otros temas de disputa en las primeras tres audiencia del juicio. Las trabas, las quejas y las interrupciones marcaron el pulso de casi todos los debates.

El primer día se cuestionó el lugar de detención de los ocho detenidos que tiene la causa, habeas corpus mediante por parte de los abogados defensores. Esa discusión demoró más de dos horas el arranque de la primera audiencia. Los imputados se desnudaron y amenazaron con no salir al recinto.

Con todos los imputados sentados, el abogado Carlos Edwards, defensor de Ramón “Monchi” Machuca, pidió la recusación de Ismael Manfrín y María Isabela Más Varela, dos de los tres jueces del tribunal, por haber accedido a parte de la carga probatoria en el juicio que terminó con absoluciones por el asesinato de Claudio “El Pájaro” Cantero.

Su larga exposición --a la que adhirieron la mayoría de sus colegas-- derivó en un cuarto intermedio y en rotundo rechazo por parte del tribunal.  "La contaminación por parte de los dos jueces recusados es palmaria, al haber tenido un conocimiento previo de las pruebas que deben producirse en este debate. Contar con un juicio justo resulta totalmente nulo”, se quejó en su intento para evitar que la audiencia avanzara.

Con esa discusión zanjada llegó un planteo de nulidad por parte del abogado Fausto Yrure, defensor junto a Carlos Varela de todo el clan Cantero. Pidió que se descarte la totalidad de las comunicaciones telefónicas como material de prueba por ser ilegales. El juez Manfrín lo interrumpió y le explicó que no era el momento de plantear esa queja. En la discusión se metió el fiscal Luis Schiappa Pietra, ofuscado porque se estaba pidiendo la nulidad de pruebas que aún no habían sido producidas en el juicio.

El tenso contrapunto recién se zanjó cuando el juez se puso firme con su postura y pidió avanzar con los alegatos de la fiscalía. La palabra entonces la tomó Fernández Bussy. Pero otra vez llegaron las interrupciones. Fue cuando el fiscal nombró a integrantes de la organización delictiva que habían aceptado un juicio abreviado. “No corresponde que nombre a esas personas, no son imputados en este juicio”, apuntó Varela.

El juez hizo lugar a la objeción y le pidió al fiscal omitir esa parte. Bastó que su alocución siguiera con el término “la banda de Los Monos” para que Varela planteara otro cuestionamiento. “Hablar de la banda de Los Monos es peyorativo, pedimos que no lo haga”, se quejó.

El fiscal suspiró, bajó la cabeza y prosiguió con su alegato a la espera de alguna nueva interrupción.