Una reciente inspección en un campo de Labordeboy, localidad ubicada a 130 kilómetros de Rosario, volvió a desnudar la explotación laboral en los campos de la región. El Ministerio de Trabajo de Santa Fe detectó un campamento habitado por 48 peones rurales --entre ellos un menor de edad-- traídos a mediados de diciembre para la desflora del maíz. Tenían jornadas laborales de más de 12 horas, una deuda salaria y horas extras impagas.

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) denunció dos grandes irregularidades, la laboral y la habitacional. Su secretario de finanzas, Pedro Peger, detalló que los trabajadores salían a las cuatro de la madrugada para empezar sus labores y regresaban a las 19 sin recibir el almuerzo. Les habían prometido una paga de 100 pesos por jornada, un monto muy inferior a los 508 pesos que se pagan en un contrato legal.

Las tareas comenzaron el 21 diciembre y el pago de los días trabajados recién se concretó el 11 de enero, un día después de la inspección estatal.  

En diálogo con Rosarioplus.com, Fernando Muruaga,  subsecretario de Fiscalización del Trabajo de la provincia, confirmó el conflicto laboral, pero indicó que había mínimas condiciones de habitabilidad garantizadas. “No era una situación muy precaria. Había un comedor, heladera, vestuarios, baños con inodoros”, detalló el funcionario.

Este miércoles se desarrolló una audiencia en la que participarón representantes Asociación de Coperativas Argentina, la firma empleadora, muy poderosa dentro sector agropecuario. Nuclea a unos 50.000 productores localizados fundamentalmente en la región pampeana y cuenta con una capacidad de almacenaje de 7,10 millones de toneladas de granos en plantas de silos de cooperativas socias, de 856.000 toneladas en los centros de desarrollo cooperativos y de 666.000 toneladas en las terminales portuarias.

En la audiencia se corroboró que los trabajadores tenían "contratos temporarios", la irregularidad en los pagos y el exceso en la carga horario, pero no el "trabajo esclavo" que denunció Uatre ante los medios de comunicación. "Las condiciones no eran las mejores, pero no se puede hablar de trabajo esclavo", detalló Muruaga. La firma finalmente abonó todo lo adeudado 

¿Qué es la desflora del maíz?

El Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales (Ceics) publicó años atrás un estudio titulado “Los obreros santiagueños en el desflore de maíz. Proceso y condiciones de trabajo”, de la doctora en ciencias sociales Agustina Desalvo. La técnica del desflore consiste en quitarles la flor a las plantas hembras, que es necesario para “la producción de semillas híbridas”, las cuales se destinan mayormente a la exportación.

Los trabajadores –señala la investigación-- son reclutados para las grandes empresas productoras de semillas, como Cargil o Monsanto. Son trasladados en micros y acampan en la zona hasta que termine el desflore, que dura entre 20 y 30 días. La jornada de trabajo  dura como mínimo nueve y puede extenderse hasta 14 horas.

En cuanto al “reclutamiento”, la principal organizadora son firmas de trabajo temporario. La mayor parte de la población de Atamisqui, Loreto y otras localidades santiagueñas empobrecidas. El informe denuncia un “un dispositivo que manejan los intendentes y comisionados rurales”, un engranaje clave para llevar a cabo el traslado de los peones.

En el verano 2010/2011, empresas rurales, la mayoría vinculadas a la producción de semillas híbridas, fueron denunciadas por no garantizar a los obreros las condiciones mínimas de seguridad e higiene.En esa temporada se concretaron 28 allanamientos. Algunas multinacionales fueron acusadas de mantener a los peones “reducidos a la servidumbre” y fueron vinculadas con el delito de trata de personas.

Luego de las inspecciones y denuncias, el gobierno nacional y la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) acordaron una normativa para fijar las características que deben poseer los campamentos para el personal temporario. Según el testimonio de los propios trabajadores, en algunos lugares los campamentos cambiaron y en las últimas campañas fueron mejores, según detalla Desalvo.

Dos casos más en noviembre

En Santa Teresa y en Pueblo Esther también se detectaron trabajadores que se desempeñaban fuera de la ley. En la primera localidad se encontró a un grupo de 32 personas, entre las que había siete niños, lo que desencadenó en una demanda penal por empleo infantil por parte del ministerio de Trabajo.

Los inspectores registraron siete menores de entre 12 y 15 años que trabajaban en condiciones precarias en el cultivo de arándanos, al igual que otros 25 mayores. “En este caso eran oriundos de la zona. Algunos de los chicos que no iban a la escuela”, contó Muruaga.

Y agregó: “Esto son los casos más habituales, los que se dan en las cosechas de mano de obra intensiva, en los cinturones verdes compuestos por pequeños y medianos establecimientos. Es compleja la fiscalización porque son actividades muy informales  que se desarrollan en períodos específicos. Esto no se da con la soja porque es una actividad muy rentable que demanda poca mano de obra”.

Días más tarde, otra delegación del ministerio de Trabajo detectó  condiciones laborales precarias en cinco establecimientos rurales dedicados al cultivo de verduras en la localidad de Pueblo Esther y de cría de animales en Alvear.

Fueron relevados 21 trabajadores de nacionalidad argentina y boliviana, ninguno de los cuales estaba registrado conforme a las leyes laborales, ya que no pudo verificarse la existencia de recibos de sueldo, aportes al sistema de la seguridad social, constancia de servicio de ART o seguro de vida.

Denuncia penal

Este jueves, la Provincia accionó judicialmente en uno de los casos detectados, el de Santa Teresa. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Julio Genesini, presentó una denuncia penal ante situaciones de trabajo infantil detectadas durante la inspección realizada en una finca productora de arándanos, en dicha localidad. En ese operativo se descubrió que de un total de 25 trabajadores, siete de ellos eran menores, con edades que oscilaban entre los 12 y 16 años.

El titular de  la cartera laboral radicó la respectiva denuncia penal ante el ministerio Público de la Acusación, a los fines de que se investigue la posible comisión del delito. La medida se enmarca en lo establecido en el  artículo 148 bis del Código Penal (Ley N° 26.847), en el que se estipulan las sanciones a los empleadores por ocupación de trabajo infantil.

La normativa nacional establece penas de prisión de uno a cuatro años a quien usufructúe económicamente el trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que prohiben el trabajo infantil. La ley especifica, además, que “quedan exceptuadas las tareas que tuvieren fines pedagógicos o de capacitación exclusivamente. No será punible el padre, madre, tutor o guardador del niño o niña que incurriere en la conducta típica”.