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Los programas de empleo que Nación le niega a Rosario

Días atrás, el gobierno nacional finalmente reglamentó la Ley de Emergencia Social, sancionada por el Congreso a fines del año pasado. La normativa estipula generar un millón de nuevos puestos de trabajos con los programas Argentina Trabaja y Ellas hacen, pero estos no llegan ni llegarán a la ciudad

La mañana del jueves tendrá complicaciones en accesos a la ciudad.
La CCC viene reclamando desde hace tiempo la llegada de planes nacionales a Rosario

Luego de difundirse el estudio de la Universidad Católica Argentina (UCA) sobre el aumento de la pobreza e indigencia en 2016, el gobierno nacional reglamentó la ley de Emergencia Social sancionada por el Congreso en diciembre del año pasado. El proyecto estipula la generación de un millón de puestos de empleos para programas nacionales como “Argentina Trabaja” y “Ellas Hacen”, proyectos que no funcionan en Rosario, por lo que el impacto local será mínimo en caso de concretarse la normativa.

Desde 2009, el programa Ingreso Social con Trabajo –que incluye a “Argentina Trabaja” y “Ellas Hacen”, entre otros-- se transformó en una herramienta de inserción para aquellos sectores excluidos del mercado laboral. Actualmente cuenta con de 200 mil titulares y más de 8.000 cooperativas distribuidas en muchas ciudades del país.

Desde que Mauricio Macri asumió la presidencia en diciembre de 2015, este programa no aumentó en inscriptos pero sí en monto: los trabajadores perciben ahora una cifra cercana a los 4.500 pesos por la construcción de viviendas o la mejora de espacios públicos, entre otras tareas.

Según pudo averiguar Rosarioplus.com, en Rosario hay tan solo 12 beneficiarios del plan “Argentina Trabaja” que lograron la inscripción con el anterior Poder Ejecutivo nacional. Este pequeño grupo es una excepción a la regla: el gobierno de Cristina Fernández nunca dio luz verde para avanzar con este proyecto en Santa Fe, una decisión que parece continuar con el gabinete de Macri.

La semana pasada, la secretaria de Desarrollo Social del municipio, Laura Capilla y el secretario de Economía Social, Nicolás Gianelloni, se reunieron con autoridades nacionales para que los programas “Argentina Trabaja” y “Ellas Hacen” (capacitación y talleres para madres de familias numerosas, con hijos con discapacidad o víctimas de violencia de género) se implementen en la ciudad.

La respuesta fue que “los cupos estaban llenos”. El jefe de Gabinete de la Secretaría de Economía Social de la Nación, Juan Pablo Niño, prometió a cambio la llegada de "Manos a la Obra" y "Talleres Familiares", programas destinados a pequeños emprendedores

Funcionarios municipales no tuvieron buenas noticias en la reunión con la Nación

Ante la negativa, Capilla solicitó la ampliación del registro: “Son planes para la población de mayor vulnerabilidad, los necesitamos. Pedimos que ampliaran los cupos para que puedan llegar los beneficios a las rosarinas y rosarinos que más lo necesitan”, planteó la funcionaria.

La preocupación es mayúscula porque de no prosperar este pedido las partidas de la ley de Emergencia Social llegarán a cuenta gotas a Rosario. “Por el momento la negociación está estancada, no logramos avanzar. Necesitamos esa ayuda nacional”, admitieron desde la municipalidad.

El mismo diagnóstico hace la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), en pie de lucha por la delicada situación social. “Algunos recursos de la ley pueden llegar por otros programas que sí funcionan en Rosario, pero es cierto que “Argentina Trabaja” y “Ellas Hacen”  son fundamentales, por eso exigimos su inmediata implementación en Rosario y en toda la provincia”, detalló Celcio Moliné, de la CTEP local.

No obstante, marcó su escepticismo respecto a la puesta en marcha de la ley. “Con la reglamentación se firmó un papel, pero el proyecto está cajoneado desde hace meses. Entendemos que si no presionamos al gobierno con medidas de fuerzas, con presencia en la calle, van a seguir mirando para otro lado”, agregó Moliné.

El aumento de asignaciones sí impactará

La Emergencia Social propone además un aumento extraordinario del 15% de la AUH y la Asignación por Embarazo para los casi cuatro millones de beneficiarios que reciben hoy ambos planes en todo el país.De acuerdo con la Ley de Regímenes de Asignaciones Familiares, aprobada en 2015, estos dos tipos de beneficios se actualizan dos veces por año junto con los aumentos jubilatorios.

Al igual que el Ingreso Social con Trabajo, la AUH aumentó (32%) por debajo de la inflación en el último año y se trata de una caída del poder de compra que no se producía desde 2011, dos años después de que se lanzara el plan.

En base a datos oficiales a octubre del 2016, en Rosario  hay unos 80 mil menores de 18 años beneficiarios de la AUH y 1.300 asignaciones por embarazo.

Además, la normativa dispone una suba del 50% para las partidas alimentarias y nutricionales que reciben escuelas y comedores para poder dar una ración de comida y una copa de leche.

Detalles de la Ley

La Emergencia Social fue aprobada hasta el hasta el 31 de diciembre de 2019 y establece un refuerzo adicional de las partidas, en unos $ 30.000 millones, para lo cual se autoriza al jefe de Gabinete a hacer las reasignaciones presupuestarias que garanticen los fondos necesarios.

De todos modos se establece que esas reasignaciones presupuestarias no podrán afectar los recursos destinados a gastos sociales y que, en cambio, deberán obtenerse de otras partidas que están contempladas en el Presupuesto.

El proyecto tiene como objeto “promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en todo el territorio nacional en la economía popular, con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional”.

La ley dispone además la creación del “Consejo de la Economía Popular y el Salario Social”, que estará integrado por un representante del Ministerio de Desarrollo Social, otro del Ministerio de Trabajo, uno del Ministerio de Hacienda, y tres de las organizaciones sociales que estén inscriptas en el registro respectivo.

Asimismo, establece la creación de un Registro Nacional de la Economía Popular (Renatrep), “a los efectos de la inscripción de los trabajadores de la Economía Popular que serán alcanzados por los beneficios del Registro”.

Según el proyecto, los actuales programas sociales nacionales se articularán con la intervención del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (Cepssc) promoviendo su progresiva transformación en Salario Social Complementario.

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