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Piden mayor control municipal al origen de fondos de grandes inversiones

El Concejo Municipal se apresta a modificar la ordenanza que creó en 2014 el Sistema de Control Económico de Inversiones, un dispositivo que, en el ámbito de la Municipalidad de Rosario, debe poner la lupa en el origen de los fondos para las grandes inversiones que se desarrollen en la ciudad. La iniciativa, presentada en conjunto por las edilas Carola Nin, de Compromiso con Rosario, y Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, propone incorporar nuevos rubros comerciales a los emprendimientos a observar, y un rol más comprometido tanto por parte del municipio como del propio Legislativo.

La ordenanza 9204/14 implica la presentación por parte de quienes deseen realizar una inversión de grandes proporciones en la ciudad de una declaración jurada que explique el origen de los fondos con los que montarán el negocio. En ese sentido, la normativa establece que se pondrá la lupa en aquellas inversiones inmobiliarias y comerciales que superen los 17 millones de pesos.

La idea de Nin y Gigliani es que la ordenanza sea más específica en cuanto a los rubros comerciales que deben ser analizados. Por eso, proponen incorporar a emprendimientos como playas de estacionamiento, guarderías naúticas, hostels, hoteles y alojamientos transitorios para turistas. Según Gigliani, son “rubros específicos que entendemos que son los que generalmente se utilizan para el lavado de activos”.

Además, Gigliani advirtió que el proyecto de modificación de la ordenanza estipula que “en los casos de proyectos de articulación o convenios urbanísticos como el del Sheraton, esa declaración jurada de fondos ya venga incorporada al expediente cuando tenga que ser tratada por el Concejo”. Sucede que, hasta ahora, ese informe es presentado por los inversores a la hora de pedir el permiso de obra al municipio, cuando el Concejo municipal ya dio por aprobado el proyecto.

La edila Gigliani mencionó especialmente el caso del proyecto urbanístico Maui, cuya segunda torre aun no fue construida y que, según la concejala, no consigue el permiso de obra del municipio por la demora en la entrega de la declaración jurada de los fondos de inversión.

Municipio más activo

La concejala de Iniciativa Popular también presentó un proyecto de decreto para requerir que el Ejecutivo modifique el decreto reglamentario de la ordenanza, para que sea más activa la tarea del municipio. 

Según Gigliani, el decreto reglamentario “desnaturaliza la ordenanza”, porque “deja a disposición de las reparticiones provinciales y nacionales la información recabada en ese informe” y “esa no era la idea, sino que el municipio dirija esa información a la UIF y a la Afip”.

“Le pedimos a Fein que modifique ese decreto reglamentario para que no desvirtúe la naturaleza de la ordenanza, que era que el municipio se involucre activamente en analizar el origen de los fondos de las inversiones importantes de la ciudad”, cerró.
 

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