El fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio, Fernando Rodrigo, que hace pocas semanas fue denunciado por intervenir irregularmente teléfonos celulares que pertenecerían a su ex pareja, y dos amigas y un familiar de la misma, fue suspendido preventivamente de su cargo por el fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, tal como habían solicitado desde la auditoría general del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Rodrigo, quien trabaja como fiscal desde el inicio del nuevo sistema de Justicia Penal, allá por 2014, habría incluido en la lista sábana de teléfonos a intervenir en cuatro investigaciones diferentes los teléfonos de su ex novia y de un familiar de la misma. Ni bien tomó repercusión esta irregularidad, luego de una denuncia interna de un empleado judicial, el Ministerio Público de la Acusación se vio sacudido.

La denuncia original es por “interceptación indebida de comunicaciones, abuso de autoridad y falsedad ideológica de instrumento público”. Pero las tres abogadas damnificadas (su ex y dos amigas) también se reservaron el derecho para demandarlo civilmente tanto a él como al Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En primer lugar, fue el propio fiscal quien solicitó una licencia, la cual fue otorgada, pero luego se encargó una auditoría interna para verificar las irregularidades. Al llegar a las conclusiones que arrojaron el informe, se determinó la suspensión preventiva con goce de sueldo. Por su parte, las investigaciones que llevaba adelante el fiscal, de las que fue apartado ni bien se conoció la denuncia, fueron reasignadas a otros fiscales.