Ningún crimen se explica sin su contexto. El de Jonatan Herrera no es la excepción. Fue la primera víctima de 2015 de una seguidilla de muertes en las que participaron las fuerzas de seguridad. Tras un largo y arduo peregrinar, su familia sumó más dolor luego de una controvertida y polémica sentencia. Las penas fueron muy leves para policías que dispararon cuando no había motivos para disparar. En las audiencias se comprobó que los cuatros agentes condenados, veinteañeros ellos, no tenían ni la preparación ni la formación adecuada para contrarrestar un delito con armas de fuego. Pero allí estaban, en barrio Tablada, disparando a mansalva. Un Estado desesperado por recuperar las riendas de la seguridad pública preparó el terreno de un desenlace tan trágico como evitable.

En el zoom más cerrado de ese 4 de enero de 2015 aparecen las inmediaciones de Seguí y Ayacucho, el lugar del crimen, donde vivía Jonatan. En un plano más abierto, la periferia de Rosario, olvidada, vulnerable y peligrosa. Decenas de barrios que en silencio pasaron a ser ingobernados. En la foto más amplia, la ciudad récord, la de los 514 crímenes (2013/2014), la que quedó atónita y perpleja por el atentado a la casa del gobernador,  la que aprendió de narcos, soldaditos y sicarios.   

En ese delicado escenario, retratado hasta por medios internacionales, irrumpió la Policía de Acción Táctica (PAT),  una fuerza “pacificadora de territorios complejos” conformada por jóvenes egresados  de la escuela de cadetes, la mayoría oriundos de localidades vecinas.  “No tenemos ni idea de cómo es Rosario", se sinceraron algunos agentes el día que el ministro de Seguridad Raúl Lamberto presentó en sociedad el flamante cuerpo.

La PAT vino a suplir el vacío que había dejado por esos días Gendarmería. Fue el “parche” que utilizó el gobierno provincial durante las largas negociaciones con Nación para recuperar la presencia de efectivos federales, luego de aquel rimbombante pero fugaz desembarco. Hizo su estreno en octubre de 2014 con el despliegue de 350 agentes por siete zonas “calientes” de la ciudad.

Ramiro Rafael Rosales (25 años), Luis Sosa (23), Francisco Javier Rodríguez (21) y Jonatan Gálvez (22) participaron de aquella recorrida inicial. Pocos meses después, la tarde del 4 de enero, se toparon con una persecución del Comando Radioeléctrico. Hicieron detener el colectivo en el que se trasladaban y se plegaron, temerosos y dubitativos, al operativo.

Lo que vino después se contó con lujo de detalles durante el juicio. La reconstrucción del crimen le permitió entender a María Elena, la mamá de Jonatan, que su hijo había sido asesinado por un ilegal y apresurado accionar de un grupo de policías, y por la irresponsabilidad de un Estado que les entregó uniformes, placas y armas.

El fiscal Adrián Spelta remarcó en varias oportunidades la “escasa formación” de estos policías. Puso un ejemplo: dos agentes levantaron las vainas del lugar creyendo que tenían esa obligación. “Son personas inexpertas que levantaron las vainas antes de que llegara la división criminalística”, detalló sorprendido el funcionario.

Antes las evidencias, María Elena cuestionó las decisiones del Ministerio de Seguridad. “El Estado provincial no puede sacar a la calle a esta gente armada y sin experiencia; ellos también son culpables de la muerte de mi hijo”, reflexionó antes del comienzo del juicio.

Romeo Díaz Duarte, uno de los abogados defensores, planteó este llamativo déficit del Estado en sus argumentos ante los jueces. “Son agentes inexpertos, de 20 años de edad, que debieran tener dos años de preparación y el gobierno los larga a la calle con apenas 6 meses de instrucción. Uno de ellos ni siquiera aprobó el examen de tiro”.

Las llamativas falencias fueron asumidas por quien en aquel entonces comandaba la PAT. “Fueron jóvenes que tuvieron la voluntad de intervenir, y lamentablemente se mezcló su período de formación, las ganas, y la edad. Además, el stress de estar en una de sus primeras situaciones de esa magnitud”, admitió sin rodeos Adrián Forni, titular de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE).

En febrero, aún con el duelo a flor de piel y cuando los familiares de Jonatan empezaron a ganar las calles en busca de justicia, Forni ordenó un “curso especializado” para capacitar a todos los  agentes de la PAT. “Necesitan más formación”, reconoció por segunda vez.

El curso llegó tarde para los cuatros agentes que este jueves fueron condenados. Y para Jonatan, víctima de una violencia institucional negada, naturalizada y poco castigada.