La medida es histórica aunque no tenga ningún efecto jurídico. Se trató de una jugada diplomática de Barack Obama para profundizar su política de normalización de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. La intención es evitar eventuales “pasos atrás” de quien lo suceda. Pero no se trata solamente de un condicionamiento a quien ocupe el Poder Ejecutivo desde enero de 2017, sino también de un claro mensaje a la futura conformación del Capitolio. Porque terminar definitivamente con el embargo estadounidense a Cuba, es una atribución que le compete exclusivamente al Poder Legislativo, que actualmente está dominado por el opositor Partido Republicano.

La abstención

Desde 1992 la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha votado cada año una resolución para condenar el embargo económico impuesto por los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos a Cuba. La moción fue ganando apoyos anualmente, al punto que en 2015 fue aprobada por 191 países y sólo tuvo dos votos en contra, el de los Estados Unidos y el de uno de sus aliados estratégicos, Israel. Finalmente, la semana pasada 191 países votaron a favor del levantamiento del embargo, se contaron las dos abstenciones de los Estados Unidos e Israel y ningún voto en contra.

Históricamente el gobierno cubano denominó bloqueo a las sanciones económicas impuestas por los distintos gobiernos estadounidenses y, pese a los avances logrados en las relaciones entre ambos países en los últimos dos años -como la reapertura de las embajadas- siempre señaló el levantamiento de esta medida como el hito fundamental para la normalización plena de las relaciones bilaterales.

De acuerdo a un informe presentado este año por el gobierno cubano ante la Asamblea General de la ONU denominado "Cuba versus Bloqueo", la medida implementada por los Estados Unidos generó daños económicos a la isla que ascienden a 125 mil millones de dólares a lo largo de más de cincuenta años.

¿Embargo o bloqueo?

Pese a que el gobierno de los Castro se refirió siempre a la medida como bloqueo, se trata técnicamente de un embargo. Éste último consiste en una medida punitiva desde el punto de vista comercial, e implica la prohibición que impone uno o varios países sobre otro para entablar negociaciones y operaciones comerciales. El objetivo es aislarlo y asfixiarlo económicamente.

Un bloqueo tiene una connotación eminentemente militar y apunta al aislamiento total de un país de cualquier contacto con el exterior, es decir, que no es una medida solamente económica. Su expresión más clásica tiene que ver con el bloqueo de fronteras, puertos y aeropuertos y el impedimento de salida o entrada de cualquier persona o bienes del país que es objeto de la medida.

El Capitolio estadounidense sostuvo históricamente que las sanciones son necesarias para obligar al gobierno cubano a respetar los derechos humanos, para forzarlo a democratizarse y para que genere oportunidades económicas para la población.

Las restricciones económicas, comerciales y financieras por parte de los Estados Unidos comenzaron en 1960, durante el gobierno de Dwight Eisenhower, como respuesta a la confiscación de bienes de ciudadanos y compañías estadounidenses en la isla a partir de la revolución encabezada por Fidel Castro en 1959, y de su posterior decisión de alinearse con la Unión Soviética y declarar comunista su revolución. Las medidas adoptadas desde la Casa Blanca incluían suspender la compra de azúcar cubano, los envíos de petróleo y la prohibición de la venta de armas a la isla. Con el paso del tiempo, el embargo se convirtió en el leit motiv de la política de los Estados Unidos hacia Cuba.

Pero fue recién en 1992, a través de la denominada "Ley para la Democracia Cubana", que el embargo fue elevado al rango de ley federal. Ya en 1996, a través de la iniciativa legislativa Helms-Burton, las restricciones estadounidenses hacia Cuba se endurecieron aún más.

Estas disposiciones adoptadas por el Congreso estadounidense en la década de los ´90, blindaron el embargo frente a los eventuales intentos de cualquier mandatario estadounidense de querer levantarlo.

¿Qué hace falta para que termine el embargo?

Independientemente de la buena voluntad del presidente de turno, el embargo estadounidense a Cuba involucra seis leyes. Es por eso que, para modificarlas o derogarlas, hace falta una mayoría de voluntades en ambas cámaras del Congreso estadounidense dispuesta a hacerlo.

En tal sentido, la imposibilidad de Obama para avanzar en la anulación del embargo, se debe a que su partido tiene minoría en ambos recintos legislativos. Es por eso que cobra sentido la elección legislativa que se realizará conjuntamente con la presidencial el próximo 8 de noviembre. La composición del nuevo Capitolio será tanto o más importante que la del presidente en lo que se refiere a este tema.

Desde luego, la impronta presidencial variaría ostensiblemente de acuerdo a quién sea elegido para ocupar el cargo. Puede especularse con que un eventual gobierno de Hillary Clinton le daría continuidad al proceso de normalización de las relaciones bilaterales iniciado por Obama. Por el contrario, un eventual gobierno de Donald Trump intentaría desandar el camino de Obama, respondiendo al poderoso lobby cubano anticastrista, retrasando la apertura hacia la isla.

El levantamiento del embargo significaría para el gobierno cubano el fin de su principal argumento contra la presión ejercida por el mundo capitalista y forzaría una apertura económica y comercial de la isla hacia el mundo que posiblemente erosionaría las bases mismas del gobierno castrista.

Pero más allá de lo que ocurra con las políticas gubernamentales de Cuba y los Estados Unidos, hay que preguntarse por los pueblos de ambos países. Hay sondeos que sitúan en más del 70 por ciento a los estadounidenses que se oponen a continuar con el embargo. Por su parte, los isleños podrían verse beneficiados por los flujos comerciales de una reapertura, siempre y cuando ésta fuera asumida gradual y responsablemente. Como suele pasar, los pueblos son más comprensivos que sus gobiernos. Hay salida del embargo. Sólo es cuestión de tiempo. El 8 de noviembre, cuando los estadounidenses voten, se sabrá si ese tiempo será más corto o más largo.