Los acuerdos de delación premiada firmados por 77 ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht fueron finalmente homologados por el Supremo Tribunal Federal brasileño. Si bien no fue una sorpresa, la inesperada muerte en enero del juez perteneciente a ese alto tribunal que actuaba como instructor del caso Lava Jato, Teori  Zavascki, había provocado dudas sobre la continuación de las investigaciones en el escándalo de corrupción de Petrobras. Por lo menos, había generado suspicacias en cuanto a la rapidez con que los acuerdos de delación premiada serían validados por el máximo tribunal.

La muerte de Zavascki, en un accidente aéreo en la costa del estado de Río de Janeiro generó consternación y alimentó toda clase de sospechas y teorías conspirativas. Porque pese a que la justicia brasileña estaba de receso, el juez había continuado trabajando con su equipo en enero para avanzar en la revisión del acuerdo de delación premiada que los exempresarios de la compañía Odebrecht rubricaron a cambio de una reducción de sus condenas en el marco del petrolão. El magistrado confiaba en terminar sus tareas en febrero, para que la Procuraduría General de la república pudiera a partir de marzo presentar sus denuncias contra funcionarios políticos acusados de haber participado en la gigantesca red de sobornos de Petrobras, en la que Odebrecht jugó un rol determinante.

Delaciones que salpican alto y lejos

Los medios de comunicación lograron filtrar algunas de las declaraciones de los empresarios delatores -incluidas las del titular de la firma, Marcelo Odebrecht- que se conocieron en diciembre y causaron un tembladeral político dado que involucraban directamente al presidente, Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que el año pasado asumió el poder tras el polémico proceso de impeachment contra Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT). 

Hasta ahora son varias las figuras del PT y del PMDB -aliados en la coalición que gobernó desde 2003 hasta mediados de 2016- que se encuentran detenidos como consecuencia de las investigaciones realizadas en el marco de la operación Lava Jato, impulsada desde 2014 por el Ministerio Público Federal en Curitiba, estado de Paraná, y supervisada por el juez Sergio Moro. La mayoría de los diputados y los senadores brasileños que avalaron la destitución de Rousseff y el encumbramiento de Temer, están siendo investigados por su participación en este mismo escándalo.

Al menos dos empresarios delatores de Odebrecht sostuvieron que Temer -primero vicepresidente de Rousseff y luego su reemplazante- había recibido coimas de la empresa para favorecer sus negocios con Petrobas. Desde el Poder Ejecutivo negaron de cuajo la verosimilitud de esas afirmaciones y se instó a no dejarse llevar por rumores y filtraciones "malintencionadas". Pero en cualquier caso, las filtraciones de la prensa provocaron una expectativa creciente en la confirmación por parte de la Corte de los acuerdos de delación premiada de Odebrecht y el cataclismo político que podía generar.

En ese contexto, la muerte de Zavascki produjo estupor, desconfianza y la sensación de que se produciría una dilación de los tiempos en la investigación que favorecería a los acusados. Sin embargo, el Supremo Tribunal Federal actuó con rapidez en la conciencia más plena de que la justicia lenta no es justicia. 

La indignación de los brasileños no tiene fin y la dirigencia política teme que se traduzca en un voto bronca que más tarde o más temprano lleve a algún político antisistema o a un outsider a gobernar el país. Alrededor del 90 por ciento de los brasileños no quiere a su presidente y sabe que la mayoría de los legisladores están sospechados de participar en éste escándalo que les reportó a los corruptos una fortuna. Las investigaciones realizadas hasta el momento arrojan que de los 6400 millones de dólares desviados, 2250 millones fueron a parar a Odebrecht, y se estima que la multinacional accedió a esa fuente de dinero pagando hasta 349 millones en sobornos a políticos en forma de donaciones para campañas electorales

Pero el problema cobra una dimensión descomunal con las delaciones de los empresarios de Odebrecht, porque no solamente en Brasil hubo sobornos a cambio de contratos privilegiados para realizar obras.

Dólares manchados de petróleo cubren Latinoamérica

En Argentina nadie parece estar a salvo. Durante los gobiernos de Néstor Kircher y Cristina Fernández de Kirchner, Odebrecht habría pagado más de 35 millones de dólares a intermediarios para que llegaran a funcionarios argentinos relacionados con tres proyectos de infraestructura, según lo afirma una investigación realizada en los Estados Unidos. Los sobornos supusieron beneficios para Odebrecht estimados en 278 millones de dólares.

Los proyectos de infraestructura involucrarían a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gobernada en ese entonces por el actual presidente Mauricio Macri y las sospechas recaen de manera directa sobre el actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arrivas, y sobre primo del presente, Ángelo Calcaterra. En las últimas semanas, los investigadores brasileños instruyeron a dos abogados de Odebrecht para que inicien los contactos con el fiscal Sergio Rodríguez, a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, dedicada a casos de corrupción. Los representantes legales de la constructora deberán entablar una negociación en el marco de la nueva ley del arrepentido o “colaborador eficaz” e iniciar el proceso de cooperación que podría confirmar algunos de los casos de sobornos y descubrir otros que aún se desconocen.

En Colombia, un millón de dólares de los 4,6 millones recibidos en sobornos por el exsenador del Partido Liberal Otto Bula, detenido este año, terminaron en la campaña para la reelección del actual presidente Juan Manuel Santos en 2014. Además se encuentra detenido Gabriel García Morales, exviceministro de Transporte del anterior presidente Álvaro Uribe, acusado de recibir 6,5 millones de Odebrecht. El caso suma en Colombia 11,1 millones de dólares.

En Perú los presuntos sobornos habrían sido pagados entre 2005 y 2014, período que abarca los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. La fiscalía anticorrupción solicitó 18 meses de prisión preventiva para Toledo, acusado de recibir 20 millones de Odebrecht, a la que habría favorecido para una obra. La última novedad fue que se libró un pedido de captura internacional para Toledo, dado que se desconoce su paradero. La cifra total de los sobornos se calcula en 29 millones de dólares.

En el caso de México hay más certeza: una sentencia del tribunal federal de los Estados Unidos determinó que los pagos por parte de Odebrecht fueron de 10,5 millones de dólares entre 2010 y 2014 y habrían generado beneficios por 39 millones. El período abarca los gobiernos de Felipe Calderón y del actual presidente, Enrique Peña Nieto.

En la República Dominicana también hay mayores certezas. Odebrecht fue acusada de haber entregado 92 millones de dólares en sobornos entre 2001 y 2014. La empresa pagará durante ocho años 184 millones al Estado dominicano en concepto de compensación por los sobornos que la compañía admitió haber entregado para obtener contratos de obras públicas.

El Departamento de Justicia estadounidense estima que los presuntos sobornos pagados por Odebrecht en Guatemala fueron por un valor de 18 millones de dólares entre 2013 y 2015, correspondientes al gobierno del ex presidente Otto Pérez Molina. Entre otras, la empresa había ganado una licitación para una obra por 399 millones de dólares.

Odebrecht también cerró un acuerdo verbal con las autoridades de Panamá para pagar una indemnización por la trama de sobornos en el período 2010-2014 y, además, colaborar en la investigación si fuera necesario. La fiscalía panameña informó que la constructora brasileña pagará como reparación 59 millones de dólares.

Respecto de Ecuador, fue también una investigación llevada a cabo en un tribunal estadounidense la que determinó que entre 2007 y 2016 Odebrecht hizo pagos por más de 35,5 millones de dólares a funcionarios del gobierno, lo que le generó unos beneficios de más de 116 millones. La fiscalía pidió tomar declaración a un abogado de la constructora actualmente detenido en España.

De acuerdo al poder judicial estadounidense, en Venezuela se hicieron pagos por 98 millones de dólares entre 2006 y 2015 a varios intermediarios que dijeron tener acceso directo a compañías públicas. El objetivo de Odebrecht era obtener información confidencial sobre proyectos y garantizarse concesiones de obras públicas en el país.

Sólo en Latinoamérica la corrupción supera los 737 millones de dólares pagados en materia de sobornos, a manos de una sola empresa. El petrolão alcanza también a Angola y Mozambique en África y es a estas alturas el mayor escándalo de corrupción de la historia. En medio del daño que causa a comunidades enteras y a la credibilidad en las instituciones democráticas, sólo queda esperanzarse con que la justicia prevalezca, aplique penas ejemplificadoras y ponga a cada quien en el sitio que le corresponde sin importar el poder político o económico que ostente.