La fábrica petroquímica Electroclor, que funcionó durante más de medio siglo en Capitán Bermúdez, a pocos kilómetros de Rosario, dejó de operar hace siete años. A partir de allí, se repitieron los testimonios de vecinos y de la ONG Taller Ecologista, denunciando el manejo irregular de material contaminante que había quedado abandonado en el predio. En 2017 se abrió una causa judicial, que llegó a recolectar suficiente evidencia como para imputar al titular de la firma, Sergio Taselli. Pero en lugar de ser castigado con multas millonarias y una acción penal, el empresario fue beneficiado en 2019 con el archivo de la investigación, por un pedido especial de Patricio Serjal, por entonces jefe de los fiscales rosarinos, al juez de la localidad de San Lorenzo. Al hecho lo investiga hoy el fiscal Luis Schiappa Pietra y hay fuertes sospechas de que se trata de un caso de corrupción, rodeado además de un gran riesgo ambiental.

En diálogo con RosarioPlus, el fiscal Schiappa Pietra indicó: “Está comprobado que en el predio de la ex Electroclor hubo enormes irregularidades con el manejo de material químico y que esto tuvo como consecuencia un daño que estamos cuantificando con informes técnicos que mandamos a hacer. Desde el punto de vista judicial no había ningún motivo para archivar la causa. En septiembre de 2018, un allanamiento in situ había confirmado los ilícitos. Pero en lugar de profundizar la investigación penal, de cobrar millonarias multas a su propietario y de avanzar con medidas que permitan disminuir el riesgo ambiental, se archivó la causa. Esto pasó por la intervención de Patricio Serjal, en 2019”.

Schiappa Pietra, que pedirá reabrir la causa penal contra Taselli y buscará probar que hubo omisión de parte de su ex colega Serjal, explicó cómo llegó al tema: “A partir de del juego ilegal, estábamos investigando otras causas que Patricio Serjal había tenido a su cargo. Y encontramos esta acción, que resultó muy llamativa. Porque había instruido al fiscal Ledesma para terminar el asunto, aplicando lo que se denomina ‘principio de oportunidad’. En lenguaje judicial, se aplica cuando un tema no es de interés de la Fiscalía. Se utiliza para el hurto de una billetera o un hecho menor, pero de ninguna manera cuando está comprometido el interés público. Acá, el entonces gobernador Lifschitz había instruido por decreto que se actúe en 2017, basado en un decreto de resguardos medioambientales”.

En noviembre de 2016, cabe recordar, hubo un escape de gas cloro que llegó hasta el predio de la firma Celulosa, también en Capitán Bermúdez. Se repetía así lo que había sucedido en otros años y con la planta todavía funcionando, cuando gases tóxicos habían obligado a evacuar chicos de una escuela de la zona. Pero esta vez, con la planta cerrada y el material químico en constante deterioro, la decisión fue la de abrir una causa judicial. Y en ese marco se acredita la existencia de unas mil bombonas con contenido tóxico y en pésimo estado de mantenimiento. A nivel nacional, existe una ley nacional de residuos peligrosos, que ordena cuál es la autoridad de aplicación, la forma de conservación y de transporte en situaciones como las de la ex Electroclor. Pero nada de eso se estaba respetando.

Hoy, según explica Schiappa Pietra, de aquellas bombonas quedan apenas 217. Esto quiere decir que se llegaron a vaciar casi 800 toneladas de materiales tóxicos en tierra y agua de la región, generando lo que Taller Ecologista denominó una "bomba ambiental".

Los enormes envases ya vaciados de cloro partieron desde la petroquímica cerrada hacia el norte del país, para terminar como material de fundición en Jujuy.  “Tenemos comprobado que abrían las garrafas de mil kilos, tiraban el gas cloro a una pileta de soda cáustica y se las llevaban a los Altos Hornos Zapla, que pertenece al mismo empresario”. Hay inclusive videos incluidos en la causa, en los que se ve el descarte de sustancias químicas en el predio. Los análisis encontraron muestras de agua freática de cloroformo, tetracloruro de carbono, tricloroetileno. Además, se constató la presencia de amianto, mercurio y benceno en tierra.

En enero de 2020, apenas asumida la gestión de Erika Gonnet en Medio Ambiente de la provincia, hubo interés por reflotar el tema, ya que se trata del “mayor pasivo ambiental que tiene la provincia”, señalan fuentes del Ministerio. No obstante, el Poder Judicial ya había decidido archivar la causa y mirar para otro lado, por pedido nada menos que del entonces jefe de los fiscales rosarinos, Patricio Serjal. 

Lo que pasó luego y permitió que ahora haya posibilidad de reabrir la investigación, fue que Serjal cayó en desgracia al conocerse su vinculación con los capitalistas del juego ilegal, al que debía controlar. Con el caso de Electroclor, según sospecha el fiscal Schiappa Pietra y deberá probarlo, la hipótesis es similar: quien debía investigar un daño ecológico de magnitud, se habría asociado al causante de la contaminación, mediante un acuerdo económico para protegerlo.

En este sentido, es importante ver la actuación del fiscal Juan Carlos Ledesma cuando mandó a archivar la causa. En su momento, dejó de manifiesto su desacuerdo con lo que se le pedía y por eso solicitó que la orden de Serjal llegara "por escrito".

Lo que se investigará de aquí en más es si el ex fiscal Serjal, que permanece detenido por la causa del juego ilegal, recibió pagos del titular de Petroquímica Bermúdez para conseguir que la Justicia "haga la vista gorda" ante un evidente caso de contaminación con impacto en la región. Y por otro lado, Schiappa Pietra buscará también que se rehabilite la acción penal contra Sergio Taselli, con un doble objetivo: que la empresa pague por incumplir la ley de residuos tóxicos y que se puedan controlar los eventuales riesgos ante el material que todavía queda en el predio.