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Un colectivo de organismos encabezados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentará este jueves ante la justicia federal como querellantes en la investigación por la desaparición y muerte del joven Franco Casco, ocurrida a fines del año pasado. El trámite se realizará a las 11.30, junto con un acto público frente al palacio judicial de bulevar Oroño 940 en reclamo de justicia.

Salvador Vera, Nicolás Vallet y Guillermo Campana son jóvenes abogados que integran la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud. Es uno de los espacios que se presentarán como querellantes, en representación de Elsa Godoy, mamá de la víctima. Al igual que Matilde Bruera, de la Defensoría General de la Nación, en representación de Ramón Casco, papá de Franco; y los abogados Matilde Gatti y Santiago Bereciartúa, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Franco Casco tenía 20 años, fue visto con vida por última vez en la comisaría 7ª, el 6 de octubre pasado. Tres semanas después apareció muerto en el río Paraná. Franco vivía en Florencio Varela, trabajaba como ayudante de albañil, y era papá de Thiago, de tres años. El joven había llegado a Rosario para visitar a sus primos que viven en barrio Ludueña. 

El caso fue tomado por la Justicia Provincial, hasta que en el mes de diciembre pasó al fuero federal como “desaparición forzada de persona”, quedando a cargo del juzgado de Carlos Vera Barros y del fiscal Marcelo Degiovanni.

El abogado Guillermo Campana, que pertenece de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, le señaló a rosarioplus.com que el jueves se presentarán como querellantes de la causa y acompañarán a la familia de Franco por el pedido de justicia. “Al constituirnos como querella, podremos hacer un seguimiento de la causa y tener acceso a pruebas como las cámaras de video y las pericias que se hicieron hasta el momento”, indicó Guillermo.

Según indicó el abogado querellante, “la fiscalía provincial no avanzó demasiado con la investigación y permitió que la policía se investigara a sí misma”. A partir de movilizaciones sociales, el 5 de noviembre pasado una multitud marchó desde los tribunales provinciales hasta la sede de la gobernación de Rosario para reclamar justicia, se logró que se cambiara de carátula la causa y pasara a la Justicia federal como “desaparición forzada de persona". 

“A Franco nunca se lo buscó como se debía. Cuando la madre (Elsa Godoy) fue a hacer la denuncia, no le prestaron atención”, comentó Campana. En los libros de la seccional séptima quedó registrado que el joven ingresó por “desacato y resistencia” a la autoridad el martes 7 de octubre al mediodía y fue liberado esa misma noche después de que una médica policial lo revisara y comprobara que "no se encontraba ubicado en tiempo y espacio". Según la versión policial, tras la orden de un fiscal, trataron de llevarlo hasta la casa de sus familiares sin poder localizarla. Sin embargo, sólo se volvió a saber de Franco cuando la Prefectura Naval encontró su cuerpo en el río Paraná.

Guillermo Campana criticó el accionar del secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad, Ignacio Del Vecchio, quien había confirmado, unos días antes de la aparición del cuerpo de Franco, que un pastor y dos empleados de una parroquia ubicada cerca de la terminal de ómnibus habían visto al muchacho con vida, pidiendo ropa y comida. 

“Lo que le pasó a Franco no es un caso aislado, creemos que hay una política represiva que se está llevando a cabo contra los jóvenes de los barrios más carenciados”, afirmó el abogado que integra la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud.