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El presidente Alberto Fernández comunicó este lunes desde Casa Rosada la intervención de la empresa Vicentín, que durante el macrismo tomó deuda del Banco Central de manera irregular y luego acusó "estrés financiero". Se trata de una decisión histórica que otorgará al gobierno más participación en una de las firmas que más exportan en el país (en 2018 movió 6,3 millones de toneladas entre cereales, oleaginosas, aceites y subproductos).

Las consecuencias de la cesación de pagos en la que ingresó la gigantesca agroexportadora santafesina alcanzaron a miles. La deuda financiera de Vicentín supera los u$s1.100 millones, con el Banco Nación como su principal acreedor. A eso se suman u$s400 millones de deuda comercial (productores y cooperativas).

Fernández decidió cortar con esta situación y designó a Roberto Delgado como interventor y a Luciano Zarich com subinterventor. Los activos del grupo pasarán a un fondo fiduciario que será encomendado a YPF Agro. 

El presidente indicó en conferencia de prensa que ya firmó el DNU para la intervención del Grupo Vicentín y que enviará al Congreso el proyecto para la expropiación. "Es una operación de rescate de una empresa de magnitud", subrayó.

"El propósito es que la empresa continúe y los trabajadores tengan la tranquilidad de seguir, y además que 2600 productores puedan seguir contando con una empresa a la cual venderle lo que producen", explicó el primer mandatario. 

Fernández agregó que la intervención del Estado "era una demanda de muchos sectores santafesinos y del gobierno de Santa Fe" y que la decisión "favorece a la Argentina para lograr una soberanía alimentaria".

Desde que Vicentín entró en default fueron varios los sondeos de privados para una posible compra. Según publicó Ámbito la semana pasada, además de la multinacional Glencore, el grupo inversor CarVal se mostró interesado, lo mismo que Ciro Echestortu (ex CEO de Dreyfus).

Concurso y denuncias

En marzo pasado, un juzgado civil de la localidad de Reconquista declaró la apertura formal del concurso preventivo de la agroexportadora Vicentin SAIC y fijó el 9 de junio como fecha tope para la verificación de créditos.

La firma, que integra el ranking de las 10 agroexportadoras más importantes del país, entró en cesación de pagos el 5 de diciembre cuando no pudo hacer frente a sus obligaciones. El concurso fue solicitado por la propia compañía el 11 de febrero, luego de intentar sin suerte realizar acuerdos extrajudiciales con sus proveedores.

Con el correr de los meses fueron varias las denuncias contra la firma que se acumularon. Según reveló el abogado Mariano Moyano, “Vicentín tiene dos off shore en Panamá: Nacadie Overseas y Nacadie Comercial. También tiene Nacadie Comercial Uruguay y Nacadie Comercial Argentina. Las empresas de Panamá, que no tienen actividad comercial ni bienes, prestaban las garantías para los créditos que el grupo tomaba en el exterior, por lo que, seguramente, deben tener activos financieros y flujos financieros”.

Según pudo saber Rosarioplus.com, "Nacadie Comercial SA" fue inscripta en Argentina en el mes de noviembre, pocos días antes de declarar la cesación de pagos.

También la conducción nacional de la Asociación Bancaria (AB) denunció por "razones y evidencias públicas más que claras" el intento de fraude y otras maniobras del Grupo Vicentin-Glencore.

En un comunicado sostuvo que ello "es incontrastable" a pesar de "los artilugios de la contabilidad creativa con los que procura esconderlas la patronal" y aseguró que la situación de la compañía demuestra "la responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri".