General Motors es proveedor habitual del Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario. El Estado suele adquirir camionetas y automóviles que luego pone al servicio de la Policía como parte de una política de comprar productos fabricados en la región, pero un proyecto que este viernes ingresará al Concejo buscará terminar con ese privilegio en solidaridad con los 350 trabajadores que fueron suspendidos.

La iniciativa fue anunciada en la asamblea que se realizó en la tarde de este jueves durante el cambio de turno en la planta ubicada en Alvear. Su autor, el edil Carlos Comi, explicó a Rosarioplus.com que se trata de “un proyecto para condicionar cualquier compra que esté en proceso, ahora o a futuro, por parte de la Municipalidad de Rosario, aunque también sería bueno que se sume la Provincia”.

Comi remarcó que habitualmente se beneficia a General Motors por tratarse de una empresa con sede en la región que representa un puntal para cientos de familias rosarinas, pero se quejó: “Si al primer resfrío de Brasil van a dejar en la calle a 350 trabajadores, muchos de ellos jóvenes con distintas afecciones físicas que les impedirán ser tomados por otras fábricas, seguir con los privilegios sería una locura”.

La iniciativa ingresará este viernes a labor parlamentaria, cuando la intendenta Mónica Fein inaugure el año legislativo en el Palacio Vasallo. El concejal Comi espera que el proyecto consiga consenso entre sus pares y seguramente será así, ya que este jueves en la asamblea muchos ediles de distinto color político se hicieron presentes.

También el Concejo buscará convocar a responsables de la General Motors  y a representantes de las carteras laborales nacional y provincial, además de una declaración y la conformación de una mesa política con los distintos actores.