Las pequeñas y medianas empresas tuvieron un año condicionado por los buenos y malos momentos que atravesó la economía. Es decir, buenos niveles de actividad, creación de empleo, utilización de capacidad instalada e inversiones, pero también acarreando con la problemática inflacionaria, caída de ventas en el mercado interno a causa de la pérdida de poder adquisitivo de la población y encarecimiento de insumos.

En su último último informe, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) consultó  a 1.490  titulares de micro, pequeñas y medianas empresas de todo el país sobre su balance sobre 2022 y las expectativas para 2023. Para el año que viene se avizora una continuación de la tendencia regresiva registrada durante segundo semestre de 2022. Sobre la situación económica general las previsiones son algo más cautas, compatibles con la “incertidumbre” que conlleva un año electoral.

A los puntos negativos mencionados anteriormente, las pymes agregaron la problemática con los insumos e indicaron ya que no se trata de aumentos que van “a la par” de la inflación, sino que superan el promedio y a la vez constituyen, por actuar en el inicio de las cadena de valor, uno de los principales factores que inciden en los constantes incrementos de los precios.

Si bien durante el año se explicó en parte ese proceso a causa de la “inflación” importada por la guerra en Ucrania, consideraron que la mayoría de los incrementos no respondieron a las derivaciones del conflicto sino al “comportamiento arbitrario y maniobras especulativas de grandes formadores de precios nacionales y extranjeros que actúan localmente”. Lo mismo consideraron del abastecimiento, un problema que se presenta junto con condiciones abusivas de negociación.

Asimismo, inciden negativamente los faltantes derivados de las dificultades para importar insumos o bienes de capital a causa de las restricciones cambiarias.

Sectores industriales y comerciales sufrieron el impacto de la quita de subsidios en energía, en particular en el rubro electricidad.

Las problemáticas que subsisten para el sector, en mayor medida, son el insuficiente acceso al crédito, las altas tasas de interés, la resolución de la “carga fiscal”, la baja utilización de programas estatales de apoyo, aspectos en los que APYME ha venido insistiendo ante las autoridades nacionales mediante acciones, propuestas y trabajo conjunto.

Más allá de los aspectos negativos que resaltaron en el informe, la actividad en 2022 refleja una saldo positivo. 77,9% de los consultados logró mantener o mejorar sus niveles, totalizando un 79,9%. Por otro lado 22,1% de los empresarios dice haber empeorado su actividad.

Respecto de las perspectivas de futuro, los consultados consideraron que los niveles de actividad mejorarán o se mantendrán en el mediano plazo. Este universo totaliza un 75,2%. Mientras que un 24,5% cree que empeorará su nivel de actividad económica.

Al cierre del informe, desde Apyme concluyeron: "Si se busca profundizar y democratizar el crecimiento económico, es preciso fortalecer el papel de un Estado activo y reponer las estructuras de control que se desmantelaron en la etapa anterior, así como utilizar las herramientas legislativas que efectivamente existen para poner un límite a las ganancias extraordinarias de algunos sectores que actúan en detrimento del conjunto de la economía".