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La Defensoría del Pueblo de la provincia pidió al Ministerio de Energía y Minería de la Nación una audiencia con el titular de esa cartera, Juan José Aranguren, para solicitarle en persona que reflexione sobre el impacto social que produce los abruptos incrementos de las tarifas de los servicios públicos a su cargo, en particular, la del suministro domiciliario de gas. Luego del pedido, el ministro de Energía confirmó que recibirá a todos los defensores del pueblo del país el próximo miércoles, a las 17, en la ciudad de Buenos Aires.

"Nuestra función es proteger a los usuarios y consumidores. El gobierno nacional debe revisar estos aumentos de tarifas. El retiro de los subsidios es entendible, pero no es justo que todo el peso recaiga sobre la ciudadanía. El Estado tiene una función reguladora, no debe hacerle pagar al pueblo las consecuencias de sus actos", señaló la defensora Analía Colombo, a cargo de la Defensoría del Pueblo en el sur provincial. Ella y su par Luciano Leiva (a cargo en la circunscripción norte de Santa Fe) requirieron la reunión con el ministro para exponerle los efectos del tarifazo.

Entre las oficinas de Rosario y Santa Fe se registraron 87 reclamos de usuarios particulares y entidades de bien público sobre los aumentos de los servicios de gas y energía eléctrica. Sobre este último, la Defensoría intervino con gestiones directas ante la Empresa Provincial de la Energía y la secretaria de Estado del área, la funcionaria provincial Verónica Geese. En cuanto al gas, servicio concesionado directamente desde el Estado nacional, el planteo oficial se dirige al gobierno de Mauricio Macri.

"El pedido de la reunión se enmarca en las presentaciones, tanto de ciudadanos como de instituciones, recibidas a diario en las oficinas de este organismo provincial que demuestran serias dificultades derivadas del precio de los servicios energéticos, que afectan derechos básicos de las personas", se informó desde Defensoría.

Colombo fijó la atención, sobretodo, en los efectos sociales que puede deparar el tarifazo en, por ejemplo, un club de barrio. "El aumento de tarifa en el gas impacta con mayor crudeza en los sectores más vulnerables. Incluso, hasta en un club barrial que se pueda ver obligado a cerrar su pileta climatizada por la exorbitante suba de costos. Hay que reparar en la crítica situación que atraviesan los clubes en general y particularmente aquellos que tienen natatorios calefaccionados, y que alojan a una población infantil y de adultos, cumpliendo con una función social no solo en lo deportivo, sino también en lo relativo a la salud”, advirtió la defensora provincial.

Colombo priorizó la vía del diálogo directo con el funcionario macrista, en lugar de la vía judicial a la que -en forma de recursos de amparo- han recurrido numerosas organizaciones civiles, avaladas incluso por gobernadores e intendentes. "Los funcionarios públicos representamos al Estado y, como tal, tenemos la obligación de no utilizar el derecho de manera que pueda volverse contra la ciudadanía", explicó la abogada, titular de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes y a cargo de la Defensoría del Pueblo desde la muerte de Edgardo Bistoletti. "La cuestión -explicó- es que un recurso de amparo es una medida de efecto provisorio que se cae cuando la Justicia resuelve la cuestión de fondo, y la verdad es que hay un 50 por ciento de posibilidades de que luego el fallo le otorgue razón al gobierno con el tarifazo. Y en ese caso, puede ocurrir que el efecto sea retroactivo y la gente tenga que pagar con retroactividad los aumentos que se habían suspendido por la cautelar. Como abogada en la función pública, no debo tomar ese camino de un probable perjuicio social".