Defensoría del Pueblo salió a bancar a los consorcistas de Bauen Pilay
La Defensoría del Pueblo talló en el conflicto que afrontan los inversores del plan solidario de construcción Bauen Pilay, debido al incremento constante de las cuotas de sus departamentos, al extremo de que en muchos casos se han duplicado en los últimos dos años. El organismo público advirtió que la empresa debe evitar incurrir en la violación de derechos de sus clientes, en tanto consumidores, y que ante una disyuntiva en la interpretación de una cláusula contractual, el favor lo tiene la parta más débil, es decir, el cliente.
"Son “contratos de consumo”, por lo que se les aplican los principios rectores de deber de información (con claridad y precisión), interpretación a favor del consumidor y prohibición de cláusulas abusivas. Asimismo, la institución señaló que en casos de dudas respecto del contenido del contrato la interpretación debe ser siempre en el sentido más favorable al consumidor", indicó la Defensoría en un comunicado difundido este viernes.
El conflicto sumó familias damnificadas que acumularon un millar de reclamos ante la Justicia, y las defensorías Municipal del Consumidor y la del Pueblo. "Las cuotas tienen un valor determinado y se establece un mecanismo de reajuste conforme al índice mensualmente difundido por la Cámara Argentina de la Construcción (CAC). No obstante ello, según lo manifestado por los contratantes, los parámetros utilizados por las empresas son otros, significativamente mayores, ya que éstas alegan cláusulas contractuales que permitirían ajustar la cuota si los costos reales de la construcción fueran más altos. Esto da como resultado que los montos muchas veces resultan de difícil cumplimiento para los contratantes", explicaron.
La Defensoría del Pueblo considera que se está frente a una cláusula abusiva "cuando el proveedor elabora un contrato o impone condiciones en el marco de la relación de consumo que coloca en situación de incertidumbre, indefensión o desventaja al consumidor. Es decir, se presentan o transforman en abusivas aquellas cláusulas que atentan contra la buena fe contractual causando un desequilibrio importante e injustificado de las obligaciones resultantes del contrato en detrimento del consumidor".
En este contexto, el empresario que afirme o alegue que la cláusula ha sido negociada individualmente con el consumidor, deberá cargar con la tarea de probar tal afirmación. Y ante un reclamo judicial, si el juez decidiera declarar nula alguna cláusula, en el mismo acto deberá integrar el contrato.
$15.000 de cuota
Ariel D'Orazio, de la Defensoría Municipal del Consumidor, reveló que hay consorcistas que pasaron de pagar 9000 pesos de cuota mensual a 15000 en pocos meses. "La empresa participó de audiencias pero acercó propuestas que a los vecinos le parecen insuficientes. Argumentan que los costos de la empresa no dan para bajar la cuota mensual sin poder recuperar a futuro. Ellos dicen que el costo constructivo es 2.200.000 pesos para un departamento de dos dormitorios. El valor de plaza está muy por debajo de eso. Entonces a la empresa le cuesta explicar cómo administra los ahorros de sus consorcistas. Pide comprensión por los sobrecostos pero no contempla la angustia de las familias y la morosidad que están generando", expuso D'Orazio en diálogo con Ariel Bulsicco, en Sí 98.9.
La posición de la empresa
El presidente de Bauen Pilay, Javier Vigo, replicó los reclamos de los inversores y consorcistas y acusó a D'Orazio de faltar a la verdad. "No es cierto que los contratos no prevén la re determinación de los costos según la construcción. Dice claramente que si los índices de la Cámara Argentina de la Construcción no reflejan la realidad deben adaptar a los costos de construcción a los precios de plaza". En este sentido, se refirió el ejecutivo a que el índice de la CAC está basado en los costos de Buenos Aires, pero no Rosario. "En nuestra ciudad hay sobrecostos, como el precio de los terrenos. La ordenanza 8467 estableció mayor existencia de construcción de cocheras, lo que restringe la cantidad de departamentos. Y en la zona central hubo modificaciones a la norma y donde antes se podía construir dos torres de diez pisos cada uno, ahora se permite solo una torre de siete pisos. Además, saben de las dificultades de las constructoras por las exigencias de la EPE y Litoral Gas que nos exigen obras ajenas a los edificios y debieron haberse asumido en las tarifas. Hay un sinfín de costos que la CAC no contempla", se justificó. Como consecuencia de estos argumentos es que la Defensoría del Pueblo sentó posición y advirtió que la empresa tiene la obligación de informar de manera clara a sus inversores acerca de estas contingencias.
Javier Vigo con Ariel Bulsicco en Sí 98.9:
