Deuda con licitatarias: optimismo del gobierno tras reunirse con acreedores
El gobierno definió una propuesta de pago a las empresas licitatarias de obra pública con las que el Estado provincial arrastra una deuda de 6100 millones de pesos. Este jueves, tras una nueva reunión con los acreedores, funcionarios se mostraron optimistas.
La titular de Infraestructura, Silivina Frana, manifestó la vocación del gobierno provincial para resolver esta situación y saldar la deuda registrada entre mayo y diciembre de 2019. “Desde el gobierno provincial estamos tratando de resolver un problema que heredamos, un problema de una altísima deuda que se tenía con los contratistas y que, lamentablemente, hoy nos impide encarar nuestro propio plan de obra pública en función a resolver este tema", afirmó.
“Hoy en esta segunda reunión, los representantes de ambas cámaras de la construcción, a partir de la primera propuesta que había hecho el gobierno, trajeron algunas observaciones que vamos a analizar junto al ministro de Economía", agregó Frana.
La ministra remarcó el contexto de crisis económica y de emergencia en que se está trabajando para resolver esta situación, y sostuvo: “Que la gente no tenga dudas que nosotros queremos trabajar, queremos hacer obra pública. Hoy no podemos plantear nuestro propio plan de obra pública, porque tenemos que resolver esta situación y lo estamos haciendo en el marco de una pandemia y de una crisis económica que dificulta llevar adelante muchos procesos".
Y destacó que “la propuesta hubiera sido mejor si en diciembre se hubiera sancionado la Ley de Necesidad Pública, ya que el ámbito era diferente" y en tal sentido sostuvo que "la Provincia se está haciendo cargo y está cerca de resolver una deuda heredada de la gestión anterior, en un contexto de crisis muy compleja”.
La propuesta
La Provincia diagramó un plan que contiene dos herramientas financieras para cancelar las deudas: bonos o títulos y cheques diferidos. La deuda registrada supera los 6.100 millones, solamente en concepto de obra pública, dato que surge del proceso de consolidación de deuda que incluye a unas 150 empresas y que fuera iniciado a principios de febrero.
Si las partes llegan a un acuerdo, el gobierno empezaría a pagar la parte que corresponde a bono en julio. En tanto que, en lo que respecta a cheques en diferido, se pagaría a partir de febrero de 2021.