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Como se sabe, el monocultivo de soja se desparramó en los últimos años por la mayoría de las tierras fértiles para el cultivo del país. Grandes, medianos y pequeños productores se inclinaron por esta semilla por su buena cotización en el mercado de granos. La misma lógica parece replicarse en las tierras que pertenecen al Estado, por ejemplo las miles de hectáreas en manos de las Fuerzas Armadas.

El año pasado, el gobierno nacional redefinió la política para explotar estos terrenos, distribuidos por las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Se decidió volver a los arrendamientos a privados. Para eso, licitó 15 mil hectáreas que se repartieron entre grandes firmas agropecuarias.

Dos de los máximas ganadores fueron Cresud y MSU. La primera firma pertenece a Eduardo Elsztain, quien es dueño de los principales shoppings del país, propietario de varios hoteles, del Banco Hipotecario y de una de las mayores compañías agropecuarias de toda la región, con 27 campos con aproximadamente 622.256 hectáreas distribuidos en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay. Fue uno de los primeros primeros empresarios en anunciar inversiones cuando Mauricio Macri ganó la presidencia.

La segunda firma, MSU, de la familia Uribelarrea, es una de las principales compañías de siembre directa en el país, con base en Villa Cañás, en el sur de Santa Fe. Supera las 150.000 hectáreas de cosecha y en el último tiempo diversificó sus negocios: transporte aéreo, avicultura y energía. En 2016 ganó tres concursos para construir centrales termoeléctricas.

Las licitaciones de los campos de las FFAA se hicieron a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, organismo en la órbita de la Jefatura de Gabinete.  El 75% de las hectáreas se destinaron a la soja, el 25% restante para el maíz. Los contratos de alquiler para producir se rubricaron para una campaña, prorrogables por otro ciclo agrícola más

Esta primera licitación no cayó nada bien en las filas de Federación Agraria Argentina (FAA) debido a que los pequeños y medianos productores no pudieron participar al no tener las credenciales de las grandes firmas.

“Estas tierras deben ser administradas no solo con transparencia, sino en función social y ambiental. Es necesario que los pequeños y medianos productores tengamos las condiciones necesarias para poder acceder a trabajar esas tierras, en igualdad de oportunidades que las grandes empresas”, se quejó Omar Príncipe, titular de la entidad, quien se reunió con funcionarios nacionales para que los incluyan en las futuras licitaciones.

Según informó el diario La Nación, el gobierno tiene todo preparado para licitar otras 15 mil hectáreas. Lo que todavía es una incógnita son los requisitos para poder participar de esta segunda tanda. El gobierno, según cita el diario, confía en superar los 60 interesados que se presentaron el año pasado y adelanta que habrá posibilidades para todos los actores del sector.

De los alquileres al convenio con el INTA

La política del kirchnerismo con las tierras de las Fuerzas Armadas tuvo dos etapas bien marcadas. Hasta el 2009 se fomentó un sistema de alquiler a privados. En 2004 se destinaron 8.880 hectáreas pertenecientes para el cultivo exclusivo de soja o para cultivos mixtos, en 2005 esa cifra fue de 4.290, en 2006 ascendió a 5.251, un año después 6.683 fueron alquiladas con el mismo fin y para el 2008 las cifra había vuelto a crecer a las 8.500 hectáreas, repartidas entre cultivos de soja y mixtos.

Pero luego del conflicto con el sector tras la polémica resolución 125, el Ministerio de Defensa resolvió prohibir el cultivo de soja en predios pertenecientes a las FFAA en zonas urbanas y semiurbanas.

En 2010, una nueva resolución derogó la anterior prohibición y estableció un procedimiento “para un producción agrícola sustentable”, basado en la “rotación de cultivos y en técnicas conservacionistas de manejo”.

En 2013, en esta misma línea, el Ministerio de Defensa firmó el Convenio N° 48 con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para “optimizar las capacidades y recursos en las explotaciones agropecuarias”, lo que representó un cambio de modelo respecto del alquiler a terceros de tierras castrenses. El Estado tomó el control total de la siembra.

Se anunció que los campos iban a tener un programa de rotación de cultivos para alcanzar una sustentabilidad del recurso y el cumplimiento de las normas ambientales y que la elección de las semillas no iba a estar guiada por “el criterio de maximización de la renta agrícola”.

Pero la idea de girar hacia una producción más sustentable –se proyectó incluir ciento de hectáreas en el plan forestal—quedaron en los papeles.  En la campaña 2013/2014, se sembraron con soja casi el 72% del área bajo cultivo en campos militares. Fueron 13.357 hectáreas, sobre un total cultivado de 18.639 hectáreas. Los números se modificaron en las campañas posteriores (más rotación), aunque siguió predominando el monocultivo.