El financista Luis Herrera quedó en libertad tras el pago de una fianza de 3 millones de dólares

Después de una audiencia imputativa que se inició el jueves y continúo este viernes tras un cuarto intermedio, la jueza de Primera Instancia Dra. Paula Álvarez imputó al financista Luis Herrera, sus hijos Ignacio y Diego, y su esposa, por 85 hechos de estafa y la administración fraudulenta de los fondos que las víctimas les confiaban. La fiscalía había solicitado la prisión preventiva para los imputados, pero la jueza decidió dejarlos ir en libertad con el pago de una caución de 3 millones de dólares. 

El fiscal Miguel Moreno de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos manifestó en conferencia de prensa su desacuerdo con la resolución de la jueza. "Entiendo que no se ajusta a la realidad del caso", puntualizó. Y aseguró que la investigación "continúa su rumbo", procesando denuncias y yendo detrás de la ruta del dinero. 

Según atribuyó el fiscal Moreno, el financista se valió de su nombre, prestigio, confianza, imagen, operatividad en el tiempo y contar con socios de gran reputación en el mercado de bolsa para desplegar una serie de maniobras de captación y recepción irregular de fondos de propiedad de un público indeterminado, valiéndose de la posición jurídica de vulnerabilidad propia de los consumidores.

En la maniobra se convencía a las víctimas de que harían inversiones como si fuera en un fondo común de inversión de renta fija, pero lo que hacían era recibir el dinero en efectivo de forma irregular no ajustándose a las formalidades impuestas por la normativa tributaria, las normas relativas al funcionamiento de las entidades financieras y su supervisión y las normas emitidas por la Comisión Nacional de Valores. La plata se usaba en operaciones financieras irregulares no especificadas (préstamos, cambio de cheque, cambio ilegal de divisas) y/o a la apropiación de los fondos en beneficios propio de los directivos. La maniobra se sostuvo en el tiempo, al menos desde el 2000 hasta la actualidad.

A partir del 2021, como consecuencia de una pérdida de confianza, los inversores empezaron a pedir la devolución de los fondos que asumían que tenían en su cuenta. Los imputados manifestaban excusas dilatorias que se fueron extendiendo en el tiempo y que tuvieron por efecto la pérdida de confianza, y el origen de nuevos reclamos. En total se defraudó a unas 85 víctimas, que habían confiado fondos con para que sean aplicados a inversiones financieras o productivas que generaban una renta, pero que a partir de mediados o fines del 2017  fueron desviados dando origen a un sistema de estafa piramidal.