Tras varias semanas de demora, el Gobierno nacional oficializó este viernes la reglamentación del Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones (RIGI). 

El proyecto que fue aprobado por el Congreso en agosto, bajo la ley de Bases, se hizo oficial mediante el Decreto 749/2024, publicado en el Boletín Oficial. 

El objetivo del RIGI es "reglamentar y poner en marcha un régimen de incentivos diseñado para atraer grandes inversiones a distintos sectores de la economía argentina, así como generar las condiciones necesarias para que empresas nacionales y extranjeras realicen inversiones de gran envergadura en el país".

Las ventajas que ofrece el RIGI para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU) incluyen mejores condiciones tributarias, aduaneras y cambiarias.

En cuanto a la parte impositiva, habrá una reducción del Impuesto a las Ganancias al 25% para los VPU. Se buscará una amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura. Los quebrantos impositivos no absorbidos dentro de los primeros cinco años podrán ser transferidos. Habrá una devolución de saldos a favor de IVA en un plazo no mayor a tres meses. Además, se permitirá el cómputo del 100% del impuesto sobre Débitos y Créditos Bancarios como crédito en Ganancias.

Por otro lado, las empresas tendrán una exención del pago de Derechos de Importación para traer bienes de capital, repuestos, partes e insumos. “Las importaciones de bienes de capital nuevos, repuestos, partes, componentes y mercaderías de consumo, así como las importaciones temporarias efectuadas por los VPU adheridos al RIGI, se encontrarán exentas de derechos de importación, de la tasa de estadística y comprobación de destino, y de todo régimen de percepción, recaudación, anticipo o retención de tributos nacionales y/o locales”, dicta la normativa.

En tanto, durante los primeros tres años del proyecto no habrá tampoco derechos de exportación, o sea retenciones.

Las empresas interesadas en adherirse al programa contarán con un plazo de dos años para hacerlo, con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo extienda ese periodo por un año adicional.