La gestión de Mauricio Macri al frente de la Casa Rosada está llegando a su fin y el “efecto derrame” nunca se hizo realidad. Sin embargo, las distintas reformas impositivas que iban a garantizar más trabajo e inversiones se aplicaron con éxito para los sectores más ricos del país.

En los últimos cuatro años, entre exenciones por cambios en las retenciones e impuestos, el gobierno le transfirió al sector privado unos 691.000 millones de pesos.

Según un relevamiento de Proyecto Económico, que conduce Fernanda Vallejos, dicho flujo se repartió en 287.690 millones de pesos en “perdones impositivos” a grandes propietarios, 277.022 millones a exportadores de granos y 133.066 millones a empresarios.

“Desde 2016 se produjeron diversas modificaciones impositivas que tuvieron, en general, efectos distributivos en un sentido regresivo y, además, una merma recaudatoria, restando márgenes de maniobras al Estado Nacional para que ponga en marcha políticas orientadas a los sectores más vulnerables y/o al incentivo de programas contracíclicos que promuevan el consumo interno y la producción”, explica el documento de la consultora.

Según Proyecto Económico, “en valor presente se observa que estas modificaciones representaron para el Estado Nacional un costo de $690.000 millones, es decir que en la práctica (tomando en cuenta las marchas y contramarchas del Gobierno), se produjo una transferencia millonaria de recursos del Estado Nacional al sector privado, por lo que dejó de recaudar durante estos casi cuatro años”.

Las principales modificaciones impositivas que aplicó el Ejecutivo fueron aquellas que impactaron sobre los derechos de exportación, la reducción en las alícuotas en el impuesto a los Bienes Personales y el establecimiento de un mínimo no imponible para las contribuciones patronales.

Los cambios

Bienes personales: en 2015 las alícuotas aplicadas a partir de un mínimo no imponible de alrededor de 30 mil dólares eran de 0,5, 0,75, 1 y 1,25 por ciento. El Gobierno las redujo entre 2016 y 2018 a una alícuota única de 0,25 por ciento y un mínimo no imponible más elevado. 

Retenciones: una de las primeras medidas de Cambiemos fue la la eliminación de los derechos de exportación a todas los productos agropecuarios e industriales (típicamente manufacturas de origen agropecuario). En tanto, las retenciones a la soja disminuyeron del 35% al 30%, estableciendo a su vez una política de baja gradual del 0,5% mensual que se detuvo hasta alcanzar un 25,5 por ciento. Desde septiembre de 2018, se reestablecieron los derechos de exportación a todos los productos primarios definiendo una suma fija de $4 por dólar exportado y de $3 por cada dólar exportado en bienes industriales y de servicios. La soja mantuvo un 18% adicional.

Contribuciones patronales: el Gobierno instrumentó una reducción gradual de las contribuciones que pagan los empleadores, estableciendo un mínimo no imponible que alcanzaba a los 12.000 (actualizables) pesos para el año 2022. Esta medida impactó en una merma recaudatoria del fisco en beneficio de las empresas, sin embargo no se tradujo en un incremento del empleo formal.

Ganancias: el impuesto sufrió una modificación a fines de 2016, donde se introdujo una actualización de los mínimos no imponibles por el índice de salarios a los trabajadores. El cambio más relevante consistió en la implementación de un sistema de integración parcial en donde se gravan las ganancias de la sociedad y la distribución de dividendos a sus accionistas. Antes de la reforma, las sociedades en Argentina tributaban una tasa uniforme de 35% sobre sus utilidades, y los dividendos en cabeza del accionista se encontraban exentos. Con la reforma, la alícuota sobre utilidades se reduce a 30% desde el ejercicio fiscal 2018 y a 25% a partir del ejercicio fiscal 2020.

Por otro lado, se eliminó el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI), que se pagaba en todas las compras y ventas de viviendas y se pasaron a gravar las ganancias por venta de inmuebles adquiridos luego de la reforma (excepto casa-habitación) en un 15%. Además, el Gobierno redujo los impuestos internos a los productos electrónicos. Hasta 2017, los electrónicos contaban con una alícuota nominal del 17% (20,5% efectiva). La reforma tributaria disminuyó el peso del impuesto interno de manera gradual hasta alcanzar un 2% en el quinto año de desgravación.

El informe de la consultora aclaró que “todas estas modificaciones significaron, en general, una transferencia de recursos desde el Estado Nacional hacia el sector privado"

“Estos tres tributos (la modificación en el impuesto a los bienes personales, la deducción a las contribuciones patronales y las modificaciones en los derechos de exportación) permiten identificar con claridad a los beneficiarios de las mencionadas modificaciones tributarias, que tuvieron, sin duda, un efecto regresivo. En cambio, otras modificaciones existentes (como puede ser la quita de impuestos internos a los electrónicos o la reciente eliminación del IVA a algunos alimentos) también representa una transferencia de recursos del Estado a los privados, pero este privado no es fácilmente identificable, ya que existe una discusión de en qué medida las bajas de esos impuestos son apropiadas por partes de la cadena de valor y en qué medida por los consumidores. Además, la quita de esos impuestos no tiene un claro efecto regresivo como los casos de estudio”, añadió la consultora.