Surgió una luz en el horizonte del Hospital Italiano, actualmente en concurso preventivo como consecuencia de una crisis estructural que amenaza su continuidad. La Justicia oficializó la existencia de tres interesados para alquilar el edificio de Virasoro al 1200 y hacerse cargo de las prestaciones. Resta saber qué harían estas empresas con el personal del hospital y de qué manera proseguir con la atención de pacientes y afiliados a la prepaga Italmedic. En función de ello, el juez en lo civil y comercial Marcelo Quiroga convalidaría el nuevo destino del tradicional centro médico. 

Los problemas financieros de la Asociación Civil Hospital Italiano Garibaldi cobraron un giro en octubre pasado, cuando el juez a cargo del concurso desplazó a los directivos del Consejo de Administración y asignó a un interventor. La investigación en curso detectó varias irregularidades, como la subexplotación del hospital y la falta de información contable acerca de la economía del mismo. 

Finalmente, el informe de situación que encargó el magistrado concluyó en que el hospital, para funcionar bajo sistema de autogestión, "es financieramente inviable, por no contar con el capital de trabajo necesario para su normal desenvolvimiento".

Hace diez días, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria hasta el 5 de mayo, mientras el juez Quiroga apuraba definiciones en busca de un futuro sustentable para los 500 trabajadores del centro médico. 

En este sentido, el magistrado anunció este lunes que "se han presentado tres interesados en hacerse cargo de la explotación del citado centro asistencial y que, en función de ello, la Comisión Interventora a cargo de la administración del Hospital ha solicitado autorización judicial para celebrar contrato de locación del inmueble y bienes muebles del mismo", dijo.  

Las tres interesadas en alquilar el hospital y explotarlo son la novel Asociación Civil Nuova Medicina (en formación), la Asociación Mutual La Casa del Médico y la Asociación Mutual Argentina. Tienen plazo hasta el viernes para presentarse en el juzgado y explicar los pormenores del contrato que están dispuestas a celebrar.

El juez quiere conocer lo que ofrecen, pero advirtió que la locación no debe ser inferior a 600.000 pesos mensuales, y debe incluir los bienes muebles. El contrato debe durar veinte años. También los locadores deben precisar si tomarán a su cargo a todo el personal de planta permanente, y si reconocerán su antigüedad y categoría. Asimismo, Quiroga quiere que las postulantes expliciten si asumirán la deuda que el hospital mantiene con los empleados.

Otro de los ítems que el juez quiere saber antes de definir si autoriza o no esta salida, implica el detalle del proyecto médico a implementar en el Italiano, y qué grado de importancia le asignarán a los contratos con Pami y la obra social Iapos.