En la última semana se anunciaron una serie de medidas que venían anticipando algunos referentes del equipo económico de Cambiemos desde hace meses, pero que el entonces candidato presidencial esquivaba. La devaluación producida este jueves -en torno del 42%- cierra un paquete económico que implica un ajuste económico clásico. Antes, anunciaron la baja en las retenciones, la disminución de los subsidios a los servicios públicos, la liberalización del mercado de cambios, la suba de tasas de interés, el endeudamiento para asegurar el ingreso de dólares y la eliminación de las restricciones a la exportación de bienes básicos y a la importación. 

Dichas medidas fueron implementadas en distintos momentos de la historia argentina, con consecuencias similares: transferencias de ingresos de los trabajadores y algunos sectores productivos hacia los exportadores y grandes empresas con activos dolarizados, caída de la demanda de consumo, caída de la actividad económica y del empleo. Así, las cuentas externas se equilibraban a cambio de un parate de la actividad económica. 

Es evidente que el país viene enfrentando problemas de crecimiento asociados a la caída de las exportaciones, con rigideces a la baja de importaciones e impactos en la cantidad de dólares en el país. Mientras que el kirchnerismo intentó paliar dichas restricciones a través de medidas que evitaran la salida de divisas (restricciones en el mercado cambiario, financiero y en el comercio exterior), con paliativos e incentivos, con alcance limitado, para sostener el nivel de actividad; el macrismo postergó el crecimiento económico en post de equilibrar las cuentas externas. 

Si comparamos la devaluación kirchnerista de 2014 se pueden contrastar las diferencias. En el momento de la devaluación se aplicaron políticas de ingresos y de incentivo al consumo a fines de amortiguar el impacto inflacionario sobre los sectores más vulnerables y de apuntalar la demanda y, así, sostener el empleo. A días de la suba del dólar se impulsó el programa Progresar, se intervino en la fijación de precios intensificando Precios Cuidados y, posteriormente, se lanzó el Ahora 12, para que las familias puedan mantener sus niveles de consumo con endeudamiento subsidiado.

En cambio, nada de esto se dijo el miércoles en la conferencia de prensa del nuevo equipo económico. Por el contrario, al referirse al control de la inflación se hizo mención a medidas ortodoxas como lo es la de deprimir la demanda a través del ajuste de la política monetaria y fiscal, al tiempo que el “Pacto social”, del que nada se sabe, llegará cuando los precios ya hayan experimentado un alza adicional al registrado en noviembre y diciembre; y sin estadísticas para evaluar el impacto inflacionario en los ingresos. 

Adicionalmente, la quita de regulaciones sobre el ingreso y egreso de capitales (eliminación de límites de permanencia de 120 días al ingreso de capitales, con encaje de 30%), combinada con la suba de la tasa de interés, conllevan serios riesgos de vuelta a una forma de especulación que implique el ingreso de capitales al país para ser colocados en inversiones de corto plazo con elevadas tasas de interés y, posteriormente, ser fugados al exterior. 

En términos concretos lo que Cambia en este nuevo escenario es la prioridad desde las variables “reales” (actividad, empleo e ingresos) a las financieras. Pero lo que Cambia también es simbólico.

Es la legitimidad de la intervención del Estado para determinar las variables macroeconómicas e intervenir en los mercados para asegurar el desarrollo económico y una distribución del ingreso más equitativa. En palabras del flamante ministro Prat Gay, “la lógica de este anuncio es que nosotros retiramos las trabas para que ustedes… hagan lo que tiene que hacer, sin que haya un Estado que le esté diciendo usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto otro”.