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Siete funcionarios de la AFIP, además de un empresario, un supuesto agente de bolsa y dos empleados, fueron detenidos durante 50 allanamientos en Buenos Aires, en el marco de la causa en la que se intenta esclarecer cómo se filtró información de personas que ingresaron al último blanqueo de capitales, en 2016.

El titular del Juzgado Federal N° 6 Rodolfo Canicoba Corral ordenó las detenciones, y afirmó que "es probable" que la marcha de la investigación sobre el tráfico de información en la AFIP derive en más detenciones que se sumen a las de siete funcionarios del ente recaudador que se concretaron el pasado viernes.

El magistrado indagará este sábado a los detenidos en los tribunales federales de Comodoro Py, acusados por la filtración, denunciada por la conducción de la AFIP el año pasado. En las oficinas privadas allanadas se encontraron sumas en efectivo por una cantidad no menor a cinco millones de dólares.

Desde la AFIP consideraron que la investigación "podría alcanzar a casi 20 empleados" del organismo, que trabajaban en la Dirección de Informática, en la Sede Central, y en la Regional Sur, en el porteño barrio de Constitución.

Fuentes judiciales sostuvieron que en la causa, que se encuentra en secreto de sumario, se pudo determinar la existencia de una organización con acceso a la base de datos de la la AFIP, que se dedicaría a la acumulación y venta de información secreta.

"La pesquisa permitió descubrir que los empleados de la AFIP, en su mayoría del área de Informática y Sistemas, habrían desarrollado aplicaciones por las que ingresaban a la base de datos del organismo fiscal de forma remota para después filtrarla sin ser detectados", agregaron.

Las fuentes con acceso al expediente le dijeron a Télam que "a partir de la investigación, se detectó que una empresa de reportes crediticios conocida como Reportes Online, ofrecía información confidencial a sus clientes". El dueño de Reportes Online, Leandro Rodríguez, es uno de los detenidos, y otros dos empleados de la empresa ADS, que brinda el servicio de dicha empresa.

La investigación judicial contó también con la intervención de la Dirección de Auditoría Interna de la AFIP y con la colaboración de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) e implicó la desencriptación de las computadoras, de escuchas telefónicas y entrecruzamientos de datos.

A partir del trabajo en conjunto del personal Jerárquico de la AFIP y la AFI se logró encontrar lo que sin duda es solo la punta del iceberg de una práctica repugnante en la repartición: el uso político de la información confidencial.

Mientras tanto, el titular de la AFIP, Alberto Abad, se encontraba en su despacho analizando los alcances de estos 50 allanamientos, y las posibles personas implicadas.

Por la violación del secreto, a los culpables podrían sufrir pena de dos años de prisión y cuatro de inhabilitación, según lo establece tanto el Código Penal como la ley de Sinceramiento Fiscal en su artículo 87. En el caso de funcionarios públicos, la pena puede extenderse a tres años de prisión y hasta 10 de inhabilitación.

Una investigación que comenzó en familiares de Macri

La causa se originó en agosto pasado luego de que el diario Página/12 reveló que familiares del presidente Mauricio Macri se habían acogido al blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno. Sin embargo, desde la Unión del Personal Superior de la AFIP, su secretario General, Julio Estévez, puso en duda que esta banda fuera la responsable de la filtración del blanqueo.

La organización "respondería a otro tipo de posibles ilícitos vinculados a la venta de compensaciones inexistentes y por el sistema, cancelar deudas con la AFIP, pero todo eso lo terminará de definir la justicia", dijo Estévez.

En julio del 2013, el entonces jefe del bloque del PRO en Diputados, Federico Pinedo, pidió a la Justicia que se investigue si funcionarios de la AFIP cometieron el delito de "violación del secreto fiscal". Lo hizo al ampliar su denuncia a raíz de la pesquisa que inició el organismo recaudador sobre el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y que fue cuestionada por gran parte del arco opositor.