Mientras en Berlín se discute la expropiación masiva de viviendas para ofrecer alquileres públicos, en Argentina avanza una embestida contra la ley que regula los aumentos. Ariel D'Orazio, referente de los inquilinos en la ciudad de Rosario, no dudó en describir lo que está sucediendo actualmente en nuestro país como un “golpe de mercado” que persigue el objetivo de “dolarizar la renta" del sector inmobiliario.

En una entrevista de Ariel Bulsicco en SI 98.9, el representante de la Concejalía Popular manifestó que hay mucha insistencia por parte de los lobbies inmobiliarios de responsabilizar a la ley como el causante de los problemas, y expresó: “El problema no es la ley sino el mercado con la concentración de la propiedad en las grandes ciudades que se suma a la fuerte especulación inmobiliaria con un Estado cómplice en sus tres niveles que mira para otro lado”.  

Vale decir que la actualización contemplada en la ley vigente no opera para los alquileres comerciales. Sin embargo en Rosario, con casi 9 mil locales ociosos, exigen igualmente aumentos del 80% en las renovaciones o aplicando clausulas indexadoras semestrales por un índice del 30%. “Entonces vemos que, donde no opera el índice, también hay un problema grave, y solamente la Ley de Alquileres modificó, para lo que son locales comerciales la temporalidad del contrato, elevándolo de dos a tres años, el resto sigue como antes”, aclaró D'Orazio.

Hoy el índice de aumento de alquileres está en un 47% para quienes firmaron sus contratos el año pasado, pero en el caso de las renovaciones bajo las normas de la ley anterior, piden un 80% de aumento. “Lo peor es que allí no hay control y tampoco opera la Ley de Alquileres porque se dan en contratos de que firmaron con la ley anterior que no tiene plazos de renovación como tiene la nueva ley, que establece la necesidad de 90 días antes discutir el nuevo valor y si no hay acuerdo el inquilino si quiere puede no renovar sin tener que indemnizar. Hoy te dicen 10 días antes de renovar el contrato que tenés que pagar un 100% más”, lamentó.

En Rosario

Según datos de la Concejalía Popular, en la ciudad alquila un 33% de la población, cuando en 2001 la cifra era el 18%, lo que denota un aumento en la plaza de inquilinos. Otro dato interesante es que en los últimos 30 años se construyeron en Rosario casi 100 mil viviendas sin que esto provocase una baja en los precios de los alquileres y en un contexto donde aumenta cada vez más el porcentaje de salario que se destina para pagar este tributo.  

“Los medios nacionales son quienes manejan las plataformas de compre venta y alquiler de viviendas y suelen ser ellos quienes instalan la sensación de faltante de viviendas”, denunció D'Orazio haciendo cita a Clarín y La Nación como claros responsables de “inflar y desinflar el mercado”. 

Para el defensor de los inquilinos critican a Ley de Alquileres permanentemente porque estableció un piso de derechos, como el pago del impuesto inmobiliario por parte del propietario, las expensas extraordinarias para saber qué le toca a cada una de las partes, además de un registro para saber qué cantidad de viviendas se alquilan en el país y de esa forma tener una noción de cómo se concentra la propiedad y quiénes son los verdaderos dueños de las ciudades.

“Eso es algo que hoy se desconoce porque muchos de los dineros que se utilizan para esta actividad proviene del lavado, sabemos que el narco tiene una pata en esta actividad en Rosario, hay gente que no quiere que esto se conozca como algunos legisladores que tienen más de 100 propiedades. El estado no puede estará ausente y dejar la vivienda en manos del mercado”, lanzó D'Orazio.

Por parte de los sectores inmobiliarios señalaron que  cada vez son más los propietarios que deciden sacar sus propiedades del mercado locatario para ponerlos a la venta, lo que afecta a su vez la oferta y valores de los alquileres. Esto detectó el Colegio Corredores Inmobiliarios Rosario aferrándose a que la culpable es la ley y no la “mano no tan invisible del mercado”.

Al respecto Andrés Gariboldi, del Colegio de Corredores, sostuvo en declaraciones radiales que la ley “fue sumamente equitativa por lo cual perjudicó a ambas partes”, es decir inquilinos y propietarios. El empresario hizo hincapié al solventar su teoría en que el inconveniente reina en la posibilidad de una sola actualización anual, con contratos más largos en un contexto inflacionario cargado de incertidumbre donde “muchos propietarios pasaron de alquilar sus inmuebles a ofrecerlos para la venta”.

“Lo que ha desaparecido es el inversor, el que compra para destinarlo al mercado locativo o refugiaba un dinero en ladrillo, ese cliente está expectante al contexto económico, político y de seguridad jurídica. No toma decisiones ahora”, apuntó.

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#NadieEsPerfecto - Ariel D´Orazio by Sí 989