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La Cámara de Apelación en lo Penal de la Segunda Circunscripción rechazó este martes la constitución de la Provincia como querellante en la megacausa que investiga una seguidilla de presuntas estafas inmobiliarias y lavado de activos con la acusación contra 11 imputados. La decisión del camarista Daniel Acosta revoca así la que había tomado la jueza Mónica Lamperti en diciembre del año pasado, donde había aceptado al Estado provincial como parte de la querella.

Según Acosta, la resolución de Lamperti "deberá revocarse parcialmente" porque considera que en los hechos relacionados con la megacausa por estafas inmobiliarias y lavado de activos, la Provincia no puede considerarse 'ofendida'.

Al presentar la solicitud para constituirse como querellante, el Ejecutivo provincial había considerado que los delitos atribuidos a esta asociación ilícita "afectan el orden público", y que los mismos "vulneraron la fe pública al falsificar documentos públicos, y se afectó el orden financiero por el lavado de activos de origen ilícito". Y acusó a los 11 imputados involucrados de “atentar contra el bien público”.

Esta postura había sido avalada por la jueza Lamperti, pero fue apelada por la defensa de los imputados, entre ellos el abogado Oscar Romera, defensor de Jorge Oneto; Jorge Bedouret, de Maximiliano De gaetano; Carlos Varela, representantes de Leandro Pérez y Marcelo Jaef; y Ignacio Carbone, de Jonatan Zárate. Finalmente, el camarista Acosta hizo lugar al planteo de los abogados defensores y corrió a la Provincia del rol de querellante.

Mientras tanto, la causa avanza en los pasillos de Tribunales. Este martes, los fiscales de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos y Económicos pidieron la elevación de la causa a juicio oral y público, y penas de hasta 14 años de prisión efectiva, inhabilitaciones y multas millonarias.