En el tramo final de las negociaciones por el ajuste fiscal, el gobierno nacional pretende dejar de transferir a las provincias el dinero del Fondo Federal Solidario, compuesto por el 30% de los montos recaudados en concepto de derecho de exportación de soja.

La decisión está tomada y forma parte del borrador que la Casa Rosada les presentará a los gobernadores en los próximos días, en medio de la exigencia de acompañar el “ajuste” de las cuentas públicas.

De oficializarse la medida, Santa Fe será una de las provincias más perjudicadas debido a que es el distrito que más aporta a la composición de este fondo. En la actualidad recibe el 8,6% del total, un porcentaje similar al de Córdoba, muy lejos del 20% de Buenos Aires.   

El año pasado, este porcentaje de 8,6% se tradujo en más de 1.700 millones de pesos para las arcas santafesinas. Se calculó una merma del 5,3% para todo el 2018 como consecuencia de la reducción que se viene realizando a las retenciones a la soja.

En el primer semestre de este año, Nación transfirió 844 millones de pesos. La Casa Gris distribuye de forma quincenal el dinero a los municipios y comunas. En junio, por ejemplo, la repartija fue de 65 millones de pesos, según los registros oficiales.

Desde el punto de vista privado, los integrantes de la cadena de la soja de la provincia de Santa Fe resultan los mayores aportantes del país en concepto de derechos de exportación, según los últimos relevamientos realizado por la Bolsa de Comercio de Rosario.

Las exportaciones de soja y subproductos comercializadas desde Santa Fe ascendieron a 9 mil millones de dólares durante todo el 2017, lo que le significó al gobierno nacional una recaudación por derechos de exportación de más de 2 mil millones. Al cambio de hoy significan 57 mil millones de pesos.   

El retorno desde ese total que produce Santa Fe suele alcanzar solo al 4 o 5 por ciento vía el Fondo Federal Solidario. De un monto ínfimo se pasaría a un monto cero de progresar el plan del presidente Mauricio Macri.

El Fondo Federal Solidario está vigente desde 2009, cuando el poder Ejecutivo lo creó con el objeto de redistribuir parte de las retenciones a la soja y financiar así obras de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial en ámbitos urbanos o rurales. Las provincias tienen prohibido de utilizar el dinero para el financiamiento de gastos corrientes.

Rosarioplus.com intentó dialogar con el ministro de Economía de Santa Fe, Gonzalo Saglione, para conocer el impacto de este ajuste. Su apreciación pública, sin embargo, recién se conocerá una vez que se den por cerradas las negociaciones con Nación. 

Quien sí anticipó la postura de la Casa Gris fue el ministro de gobierno Pablo Farías: reconoció que se trata de una transferencia “difícil de suplantar”.

“Es complicado realizar recortes sobre los fondos que llegan a la provincias, fundamentalmente porque están atados a leyes nacionales que disponen cómo se distribuyen. Corresponden a necesidades económicas muy concretas y es muy difícil de suplantar con el presupuesto provincial”, admitió con preocupación el funcionario.

Más ajuste y más discriminación

El plan de ajuste presupuestario que el Ejecutivo nacional le pidió a Santa Fe representa un recorte de 8.300 millones de pesos en los fondos asignados a la provincia. El Fondo de Incentivo Docente es otra caja federal que puede desaparecer.

La poda incluye la quita de subsidios a la energía y al transporte, obra pública y programas de educación, salud y vivienda.

De momento, el gobierno nacional dejó trascender que absorberá el 67% de los recortes (200 mil millones de pesos) y que las provincias deberán hacerse cargo del otro 33% (100 mil millones de pesos). El detalle del tijeratazo se conocerá una vez finalizadas las negociaciones con todos los gobernadores.  

De igual modo, en el actual esquema, Santa Fe sigue siendo discriminada respecto a jurisdicciones de similares características en el reparto de los fondos que a través de inversión real directa y transferencias de capital realiza la Nación.

En el primer semestre de este año, recibió por esos conceptos 2.396 millones de pesos, un 5,9% más que en el mismo lapso de 2017, muy por debajo de los aumentos de Buenos y Córdoba.

Así se desprende del último informe de ejecución presupuestaria de la administración pública nacional que realiza la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap).

Esta entidad evalúa la forma en la cual el gobierno nacional hace el reparto de lo que se denomina comúnmente como "transferencias discrecionales" y la ejecución de obra pública nacional en los territorios provinciales.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) recibió 7.581 millones de pesos, un 25% más que de enero a junio del año pasado. El porcentaje de aumento para Córdoba fue del 19%.