El aviso llegó ni bien los tanques de almacenamiento de la refinería se quedaron sin una gota de crudo. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, recibió en su despacho a una comitiva de gremialistas de la industria petrolera. No anduvo con rodeos. "Les voy a ser sincero. Nuestro proyecto de energía apunta a que para 2021 solo convivan cuatro refinerías y la de San Lorenzo no está incluida en esa lista”, advirtió el funcionario. 

Aranguren explicó luego que la porción de mercado de Oil Combustibles --8% de la capacidad de refinación de todo el país-- se podía suplir a través de una política de importaciones de productos terminados. Los gremialistas abandonaron la charla con el peor de los augurios. "La sensación es que estamos ante una caída diagramada", se lamentaron. 

Rosarioplus.com dio cuenta de aquella incertidumbre a mediados de marzo, cuando la preocupación por el futuro de la refinería empezaba a cobrar fuerza en la agenda política y mediática. El gobierno, no obstante, intentó llevar la discusión al terreno de la "corrupción kirchnnerista", una arena cómoda y muy redituable ante la opinión pública. 

Los funcionarios nacionales repitieron el mismo latiguillo ante cada consulta periodística: que la situación de Oil Combistibles estaba en manos de la Justicia, que el gobierno iba a hacer todo lo posible para que la plante se reactive y que el panorama era "muy delicado" por la millonaria deuda que dejó Cristóbal López con la Afip.

En paralelo, el juez Javier Cosentino, a cargo del concurso preventivo de la compañía energética, agotó todas las instancias posibles para un posible salvataje. Fueron varios los capitales privados (nacionales e internacionales) que en estos 70 días preguntaron por las condiciones de una transacción. 

El plazo estipulado por la Justicia para que se presentaran los interesados venció a fines de abril. "El salvataje es la mejor instancia para permitir la reorganización de la empresa sin liquidación, manteniéndola en actividad en el mercado, situación que resulta de toda conveniencia en tanto se protegen las fuentes de trabajo”, explicó el magistrado. 

La pelea quedó finalmente entre dos firmas extranjeras, Trafigura y Prarex International. La primera de las multinacionales realizó la propuesta más convincente. La cercanía con la Casa Rosada --el diario La Nación reveló el domingo que un directivo aportó más de tres millones de pesos para financiar la estructura del Pro-- presagiaba que la operación podía llegar a buen puerto.

El último escollo a sortear era la Afip, el principal acreedor de la deuda de la compañía. De la postura del organismo recaudador del Estado dependía, basicamente, el éxito o el fracaso de la transacción. Dicho de otra manera: el futuro de la petrolera estaba en manos del gobierno.

Este lunes, Trafigura le comunicó al juez Cosentino la imposibilidad de cumplir los plazos estipulados por la AFIP para cancelar una deuda millonaria. La firma había solicitado un plan más extenso de 96 cuotas (periodo que se suele otorgar operaciones de esta naturaleza) para cumplir con esa obligación.

Pero el fisco sólo accedió a dar doce meses como máximo para pagar toda la deuda bajo el argumento de que los empresarios estaban siendo investigados por fraude. Esa decisión echó por tierra la negociación.

La modalidad de pago exigida "resulta de tal cuantía que deviene en ruinoso desde el punto de vista económico la continuación del procedimiento", argumentó Trafigura a través de un escrito. Al retirar la oferta, Oil Combustibles quedó a un paso de la quiebra. Cosentino tiene tiempo hasta el jueves para decretarla, si es que antes no aparece ningún otro oferente, algo que a esta altura parece imposible.

"Evidentemente el negocio del petróleo hoy va por otro lado. La refinería claramente no estaba en los planes de este gobierno. Apareció un oferente con mucha espalda y el Estado a través de la Afip no habilitó un plan de salvataje. La lectura es evidente", reflexionó Héctor Brizuela, el titular del Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh) al conocerse la noticia. 

Ante este revés, los trabajadores ya iniciaron los trámites legales para constituirse en cooperativa. "Es un desafío que genera mucha incertidumbre, pero a la vez ilusión por estar cerca de generar la primera cooperativa a cargo de una refinería en la historia del país. Vamos a poner el pecho para que los motores vuelvan a funcionar", concluyó Brizuela.