En julio de 2001, el gobierno de Fernando de la Rúa bajó salarios y jubilaciones por decreto con el objetivo de ahorrar 68 millones de pesos y alcanzar así la ansiada reducción fiscal. “Los haberes de más de $ 574 que se cobrarán en agosto tendrán una quita del 13%”, informaba por aquel tiempo el diario La Nación. “El descuento también alcanza al salario familiar que cobran trabajadores estatales y privados”, detallaba Clarín sobre el alcance de la medida.

A 17 años del aquel inédito y brusco tijeretazo, los asalariados y pensionados sufren hoy un recorte similar en sus bolsillos por la progresiva pérdida del poder adquisitivo desde diciembre de 2015 a esta parte. Un recorte del 13% en tres años –según la proyección que hacen consultoras y economistas-- vuelve a pegar fuerte en la economía de los hogares. No por decreto, como en 2001, pero sí por una devaluación y una inflación descontrolada que carcome las magras paritarias de los trabajadores y las actualizaciones de los jubilados.

El Estudio Singerman & Makon y el economista Mariano Kestelboim publicaron días atrás un informe sobre la pérdida del poder adquisitivo en la “era Cambiemos”. La acumulación alcanza el 12,9%.

Desde noviembre de 2015, último mes de gestión kirchnerista, a diciembre de 2017, los salarios crecieron en baja respecto al nivel general de precios, medido por el IPC/CABA/Indec. Esa variación salarial fue de 71,8%, mientras que el nivel de precios referido acumuló 80,7%.

Al considerar incluso una inflación interanual de 29,5% para el corriente año -que podría hacer aún mayor, según otros economistas- y la media salarial en el orden del 18,7%, el informe concluye que el deterioro del poder real de los sueldos acumulado rozará el 13%.

Los sectores en donde los aumentos salariales fueron más bajos durante el periodo de análisis fueron Hoteles y restaurantes, Minería y petróleo, Pesca, Transporte y comunicaciones. En esas actividades se registraron las mayores pérdidas de poder adquisitivo de los trabajadores, con disminuciones de entre el 6% y el 9% en los primeros 25 meses del gobierno de Cambiemos.

Según el estudio, “la suba del nivel general de precios impacta de manera asimétrica sobre los distintos sectores de la sociedad”, siendo los hogares de menores ingresos “los más castigados”. La proporción del ingreso familiar que destinan estas familias al consumo de alimentos y servicios es mucho mayor a la de ingresos más altos.

Un diagnóstico muy similar realizó el economista Pablo Wahren, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag). Según sus números, publicados en el informe “Deterioro de derechos y condiciones laborales en la Era Macri”, el deterioro en estos tres años alcanzará, de mínima, el 8,5%. La cifra es más baja del 13% del otro trabajo porque se tomó como parámetro la inflación anual proyecta en abril por el Banco Central, antes de la devaluación que llevó al dólar a los 28 pesos.

“Desde que asumió Macri los precios subieron por encima de los salarios, dando lugar a una pérdida de poder adquisitivo. Al analizar la evolución del poder de compra de los trabajadores registrados -de los que se cuenta con datos más fiables- se observa una caída en 2016 (-6,5%) que no fue compensada por la leve recuperación de 2017 (+2,4%). En el acumulado, la baja de salario real es de -4,2%. En 2018 la pérdida se profundizaría, a juzgar por la evolución de los precios y los resultados de las negociaciones salariales en curso”, dice el informe.

Los números marcan que el salario mínimo “se encuentra experimentando una caída aún mayor”. Entre noviembre de 2015 y diciembre de 2017 pasó de $5.588 (588 dólares) a $8.860 (466 dólares). “En términos reales esto significó una caída de 10,6%, sólo en dos años. Este indicador es muy relevante ya que los salarios de los trabajadores no registrados tienden a moverse en línea con el salario mínimo”, concluye el trabajo.

¿Y las jubilaciones?

A fin del año pasado, el Gobierno cambió con el aval del Congreso la fórmula de movilidad de las jubilaciones, con el objetivo de conseguir un ahorro fiscal. La fórmula modificada actualizaba los haberes jubilatorios 2 veces al año (marzo y septiembre) en relación a la evolución de un índice salarial y a la recaudación previsional en el semestre anterior.

En la nueva fórmula, los montos se actualizan en un 70% en base a la inflación del Indec y un 30% en relación a los evolución de los salarios, 4 veces al año (marzo, junio, septiembre y diciembre).

En marzo, el aumento de las jubilaciones y pensiones (18 millones de personas en total) fue del 5,7%. Con el anterior esquema el incremento hubiese rondado el 14%. La suba fue del 5,6 en junio y se espera que sea del 7% tanto en septiembre como en diciembre. 

Los aumentos serán superiores a lo proyectado por el gobierno por la brusca aceleración de la inflación (principal parámetro de cálculo), pero aún así quedarán lejos de empardar el actual costo de vida.

En 2016, con un inflación del 41%, sumando el aumento de marzo y septiembre, las jubilaciones aumentaron el 31,68%. Una pérdida de casi 10 puntos. En 2017, las prestaciones subieron el 28%, con una inflación del 24,8%, una recuperación de 3,2 puntos. Así, en dos años, la inflación acumulada fue del 76% y la movilidad del 68,5%. La pérdida, hasta el momento, es de 7,5 puntos.

Todavía queda la incógnita de lo que pasará en 2018, aunque los pronósticos no son nada buenos. Algunos cálculos preliminares sostienen que la pérdida de los bolsillos superará, de mínimo, el 12%.